Un crítico informe sobre la situación fiscal que atraviesa el país entregó el miércoles el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en el marco de la discusión del Presupuesto 2026. Si bien para algunos encendió luces rojas, advirtiendo que el país está en una posición de “estrés fiscal”, para otros esas luces ya estaban encendidas hace bastante tiempo.

La presidenta del CFA, Paula Benavides, si bien evita poner “calificativos” o “colores” al escenario fiscal actual, señala que “hay alertas que hacemos en este informe que venimos reiterando. El Presupuesto 2026 y su ejecución son un desafío y una oportunidad para que los actores políticos den señales claras para la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda”.

Los últimos informes del CFA han sido bastantes críticos de la situación fiscal del país. ¿Qué tan riesgoso es el escenario fiscal?

Este informe recoge un análisis de la situación fiscal del 2025 que es un año donde enfrentamos un posible nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural. Esa meta recientemente fue modificada desde -1,1% del PIB a -1,6% del PIB, pero se proyecta un cierre de año de -2,2% del PIB, que sería un tercer incumplimiento de la meta, pero que se enmarca en una trayectoria más amplia. De los últimos 17 años, en 15 hemos tenido déficits estructurales con un crecimiento sostenido de la deuda pública que se está acercando a su nivel prudente y con una disminución significativa de los fondos soberanos, en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) que se ubica en 1,1 puntos del PIB, que es muy por debajo de lo que es recomendado para una economía como la chilena, que es de entre 5 a 7 puntos del PIB. Es un escenario de estrés fiscal para el 2026 y a mediano plazo sigue siendo un escenario exigente con espacios reducidos de gasto.

Cuando el CFA habla de un tercer año de incumplimiento, ¿de qué años habla específicamente?

El año pasado tuvimos un incumplimiento del déficit estructural, que fue del 3,3% del PIB, versus una meta del -1,9% del PIB. El 2023 también tuvimos un desvío, si bien no había una meta anual por decreto, sí un objetivo de balance estructural que se proyectó del -2,1% del PIB (en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre del 2022), pero fue del -2,8%, y en 2025 en lugar de ser un -1,6%, se espera que sea un -2,2%.

Pero el gobierno dice que cumplieron con la meta fiscal en 2023...

El 2023 si bien no había una meta anual, sí tenía una proyección con la que se estructuró el Presupuesto, y nuestro análisis es en relación a ese desvío.

Entonces, ¿hay una probabilidad de que sea un cuarto año de desvío de la meta fiscal, considerando el -1,1% del PIB que se espera para el 2026?

Es un escenario fiscal exigente. Por un lado, las proyecciones de ingresos consideran elementos que tienen un grado de incertidumbre, como es el caso de la recaudación por la Ley de Cumplimento Tributario. Esta incertidumbre radica en que, mientras el Informe Financiero de la Dipres proyecta un aporte en régimen (2028) del 1,47% del PIB, la evidencia recogida por el FMI muestra que reformas de naturaleza similar han generado ingresos en torno al 0,5% del PIB. Además, las proyecciones de ingresos incluyen la recuperación de saldos no rendidos de la Subvención Escolar Preferencial, lo que debe tratarse con cautela, porque estos recursos fueron incorporados como ingreso transitorio mediante una norma contenida en el proyecto de ley de Presupuestos 2026. También se requieren esfuerzos importantes de contención del gasto. Por eso lo que hemos planteado es que se realice un monitoreo de los ingresos y gastos para ir adoptando oportunamente los ajustes que sean necesarios para cumplir la meta fiscal.

En su informe hicieron un nuevo llamado a que el gobierno genere más medidas de contención de gasto. ¿Hay margen dado que ya se acaba el año?

En informes anteriores advertimos que podíamos tener un déficit fiscal estructural del orden del 2,1% del PIB y por lo mismo sugerimos medidas adicionales de contención del gasto para poder cumplir la meta. En este informe vemos que las proyecciones de déficit aumentaron y se revisaron a la baja las de ingresos. A ello se suma que han disminuido las acciones correctivas que el Ejecutivo considera que podrán ser implementadas este año. Por eso nuestro llamado es a tomar medidas adicionales en estos meses que quedan para minimizar el desvío de la meta fiscal.

Cuando el gobierno presentó su plan de contención de gasto se dijo que era optimista considerar medidas legislativas. ¿Se equivocó?

En general para hacer procesos de ajuste son relevantes las medidas legislativas y administrativas, pero en ese momento planteamos que en el escenario base con el que se estaba conduciendo la política fiscal no fuesen incorporadas medidas de ahorro legislativas, porque podían demorarse en su tramitación y por ello era mejor centrar los esfuerzos en medidas que dependieran del Ejecutivo. Lo que vemos ahora es que no están siendo incorporados los efectos de contención de las medidas legislativas.

El gobierno ha dicho que han sido responsables fiscalmente. ¿Cuál es su evaluación?

No hacemos evaluaciones de gobiernos o de autoridades en particular, sino que como CFA miramos las cifras y hacemos análisis en base a los resultados que vamos viendo. Chile está en una situación de estrés fiscal. Hemos tenido en la última década un ritmo acelerado de crecimiento del gasto. Entre 2010 y 2019 en promedio fue un 4,8%. Si bien se ha reducido en el último trienio, con un crecimiento promedio del 2,4%, no ha sido suficiente para cumplir las metas y, por otro lado, la deuda se ha ido acercando al nivel prudente de 45% del PIB. Necesitamos que se construyan acuerdos amplios para tener una senda de convergencia fiscal que se cumpla efectivamente, esto es fundamental.

Pero la política fiscal es del gobierno y en este caso el actual gobierno…

Más que evaluar a determinadas autoridades, lo que hacemos es analizar las cifras fiscales y sobre esas cifras hacer recomendaciones.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que para evaluar la situación fiscal del país se debe mirar la evaluación de los mercados internacionales a través de los spreads y que esos muestran una buena posición. ¿Comparte esa visión?

Chile, afortunadamente, conserva una posición fiscal que es relativamente robusta, y un riesgo país bajo en comparación a otras economías. El spread soberano está lejos de sus niveles máximos o de los que tuvo en la pandemia. Estos últimos años las clasificadoras de riesgo han ratificado su posición crediticia, y, por lo tanto, hay factores positivos como la fortaleza institucional y fiscal, bajo nivel de deuda en relación a países pares, pero también se han advertido riesgos, y uno de ellos es el bajo crecimiento económico, tendencia creciente de la deuda y disminución de activos. Nosotros lo que hemos advertido es que la tendencia al alza de la deuda es mayor a la que vemos en países con la misma situación fiscal.

Deuda y holguras

¿Qué tan cerca está el país de superar el límite de deuda pública de 45% del PIB?

Existe una alta probabilidad, cercana al 50%, que en el mediano plazo sea sobrepasado el nivel prudente de deuda pública del 45% del PIB, en 2027. De ser así, puede empeorar nuestra calificación crediticia. En caso de que ocurra, no es recomendable que un nuevo gobierno cambie ese nivel, sino que trate de volver y estabilizarla en esos niveles.

En su informe menciona que el escenario fiscal de mediano plazo es estrecho y que hay casi nulas holguras para un próximo gobierno. ¿Qué tan compleja es esa situación?

Vemos un espacio reducido a futuro, que limita la capacidad del Ejecutivo para enfrentar contingencias sin comprometer el cumplimiento de las metas y también se ve limitada la capacidad para que un próximo gobierno pueda implementar sus prioridades programáticas. Asimismo, las holguras se dan en un contexto de déficits fiscales persistentes y de un acercamiento al nivel prudente de deuda, por lo que están sujetas a diversos riesgos y presiones fiscales.

¿Se deben buscar nuevas fuentes de ingresos o reasignar recursos?

No hay espacio para comprometer nuevos gastos sin contar con ingresos permanentes que lo acompañen. Lo relevante es lograr revertir estas tendencias y avanzar en una consolidación efectiva, convergiendo hacia un balance estructural lo antes posible y estabilizar la deuda.

¿Se ha escuchado el llamado que hacen, de generar un acuerdo político?

Estamos con un escenario fiscal cada vez más estrecho y por eso se requiere que se ajusten las tendencias fiscales en base a un acuerdo (político) amplio. El desafío que tenemos es de país y por eso se requiere de este acuerdo amplio para que se mantenga en otras administraciones y así logremos una convergencia hacia la sostenibilidad fiscal.

¿El hecho que el tema fiscal esté en el debate presidencial es una buena señal de que hay una preocupación transversal?

Valoro que el tema de la responsabilidad fiscal y la preocupación por la consolidación fiscal sea un tema que esté presente en las distintas candidaturas, y eso muestra que es una materia en que es posible construir acuerdos y abordar con visión de Estado.

El gobierno ha señalado que es difícil recortar gasto por la vía administrativa, porque el 92% está normado por ley. ¿Suscriben esa cifra?

Esa no es una cifra que nosotros hayamos revisado o construido. Más bien lo que hemos señalado es que es importante que se realice un estudio en profundidad de las limitaciones que tenemos para realizar ajustes fiscales, ya sea limitaciones legales o administrativas, porque mientras antes abordemos esas limitaciones, menos probable será que tengamos que hacer ajustes drásticos en lugar de procesos graduales para lograr la convergencia fiscal.

En ese contexto, ¿es factible o inviable que se recorten US$ 6.000 millones en 18 meses, como lo propone la candidatura de José Antonio Kast?

No hemos analizado la factibilidad de las propuestas fiscales de ningún candidato en específico. Esto, sin perjuicio que tenemos contemplado tener una reunión con los equipos económicos de los candidatos.

¿Se puede hacer solo a través de la vía administrativa?

No hemos analizado la factibilidad de algunas cifras en específico. Eso dependerá de cuáles son las propuestas y el marco en que se desarrollen. Los ajustes tienen que hacerse en función de ciertos objetivos de política fiscal y lo que hemos planteado es que las presiones están principalmente en el gasto corriente y no en gasto de capital, dado que este último incide en la capacidad de crecimiento de la economía. Si bien entre las medidas de corto plazo hemos puesto el foco en el ajuste de gasto, nuestro mensaje ha sido que la consolidación fiscal se aborde con medidas estructurales en distintas dimensiones: mayor crecimiento económico potencial, reducir la evasión y elusión fiscal, nuevas fuentes de ingresos estructurales y mayor eficiencia del gasto público, porque un recorte enfocado solo en ganancia de eficiencia debería ser parte de un conjunto de medidas para que se asegure la sostenibilidad de largo plazo.

¿Por qué el CFA alertó sobre la deuda flotante?

La deuda flotante son compromisos devengados y que no fueron pagados al 31 de diciembre. Es un tema que el Consejo ha venido estudiando hace un tiempo y que previamente hemos analizado. Por ello hemos ido solicitando información a la Dipres para analizar la tendencia que ha mostrado, para identificar eventuales presiones que podrían derivar en mayores necesidades de financiamiento.

¿Pero les preocupa ahora por alguna razón en particular?

Las cifras muestran un fuerte aumento de la deuda flotante en 2023 y 2024. Esto responde principalmente a un cambio contable que se aplicó en el programa de alimentación escolar, en línea con lo señalado por Controlaría, que significó efectos transitorios y que debería comenzar a revertirse. Sin embargo, hemos señalado que se debe monitorear para ver si eso puede derivar en mayores necesidades de financiamiento