Las exposiciones que realizaron la Contralora general de la República, Dorothy Pérez y de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, tensionaron la discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Pese a ello, el proyecto avanzó.

Durante la jornada de anoche, la comisión aprobó el alza salarial de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto.

De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026. De ese total, el CFA advirtió que de ese total US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que debería utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

Esto contó con los votos de la oposición a excepción de Agustín Romero (Republicano) y el oficialismo.

“Norma de amarre”

El lunes, el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado. En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años.

Se especifica que “la Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones a las que se refiere el inciso anterior, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Sin embargo, esa indicación no prospero, ya que el oficialismo rechazó la indicación y aprobó la idea original de mantener en 2 años la confianza legitima. Esto generó el rechazo de la oposición.

Frank Sauerbaum (RN) afirmó que “el gobierno insistió en una norma que es muy difícil de aprobar luego de lo que ha sostenido la Contralora General de la República, en donde obviamente las personas que tienen dos años solamente se consideran con confianza legítima, cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable, y por lo tanto vamos a rechazar la norma en la sala como la rechazamos el día de hoy en la comisión”.

En ese sentido, el legislador añadió que “lamentamos que no hayamos podido llegar a un acuerdo, como lo estableció la propia Contralora en la comisión. Esta es una reforma que requiere el sistema público, los trabajadores merecen una reforma que mejore sus condiciones laborales, pero no en una ley miscelánea en donde se pretende mejorar su condición laboral en dos líneas”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) apuntó que “la izquierda no estuvo disponible a avanzar en la dirección que propuso su gobierno, y, por lo tanto, aquí volvimos al amarre original, un amarre que innova en el criterio de la corte suprema, que lo aminora a dos años, y que, por lo tanto, establece un mecanismo de amarre más intenso que el que hoy día, desafortunadamente, propuso el gobierno. Entonces, la izquierda desahució al ministro Grau y volvió al amarre original”.

Tensión en la derecha

A pesar de que en las fuerzas de derecha había una crítica compartida al proyecto de reajuste, que consideraba una cifra récord de 129 artículos, con normas no relacionadas con el alza de remuneraciones, afloró una diferencia táctica respecto de cómo votar la iniciativa.

Esta diferencia tensionó el clima político entre los legisladores que apoyaron la candidatura de José Antonio Kast y amenazaba contaminar las relaciones entre las bancadas del Congreso con la oficina del presidente electo.

Los diputados de Chile Vamos, por ejemplo, resolvieron aprobar solo el reajuste y los aguinaldos, pero rechazar gran parte de las otras medidas. Según la versión de Chile Vamos esta salida de índole pragmático, buscaba evitarle un problema al futuro gobierno.

“Nosotros, qué es lo que hemos hecho, hemos aprobado el reajuste del sector público y también los beneficios de bonos para el sector pasivo, pero el resto lo hemos rechazado porque no está financiado. El 52% de este reajuste está debidamente financiado y el resto, 48%, no está provisionado. Por lo tanto, los recursos no existen y el próximo gobierno va a tener que hacer una serie de ajustes y reacomodos presupuestarios”, dijo Sauerbaum.

Sin embargo, los republicanos estimaron que todo el proyecto estaba desfinanciado, por lo tanto, anunciaron que rechazarían el paquete completo, incluyendo el reajuste. Incluso, al cierre de esta edición no estaba decidido si votaban en contra además de la idea de legislar, lo que implicaría cerrar de forma anticipada la tramitación.

“¿De qué sirve que invitemos a exponer al Consejo Fiscal Autónomo? ¿De qué sirve que invitemos a la contralora? Si finalmente no les hacemos caso, no tiene sentido. ¿Acaso al Consejo Fiscal Autónomo no le creemos que faltan 822 millones de dólares para financiar esta ley? No es culpa de los trabajadores, los trabajadores tienen una expectativa legítima de un reajuste a sus remuneraciones. Pero también tenemos que ser claros, esto es culpa del gobierno. Hoy día no hay recursos para financiar este reajuste.... Los republicanos vamos a votar en contra de este reajuste, no por culpa nuestra y no por culpa de los trabajadores, es por responsabilidad con el país, no hay plata", dijo el diputado Agustín Romero (republicano) integrante de la Comisión de Hacienda, quien es la voz de su bancada en temas económicos.