Las exposiciones que realizaron la Contralora general de la República, Dorothy Pérez y de la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, tensionaron la discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Pese a ello, el proyecto avanzó.

Durante la jornada de anoche, la comisión aprobó el alza salarial de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto.

De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026. De ese total, el CFA advirtió que de ese total US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que debería utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

Esto contó con los votos de la oposición a excepción de Agustín Romero (Republicano) y el oficialismo.

“Norma de amarre”

El lunes, el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado. En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años.

Se especifica que “la Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones a las que se refiere el inciso anterior, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Sin embargo, esa indicación no prospero, ya que el oficialismo rechazó la indicación y aprobó la idea original de mantener en 2 años la confianza legitima. Esto generó el rechazo de la oposición.

Frank Sauerbaum (RN) afirmó que “el gobierno insistió en una norma que es muy difícil de aprobar luego de lo que ha sostenido la Contralora General de la República, en donde obviamente las personas que tienen dos años solamente se consideran con confianza legítima, cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable, y por lo tanto vamos a rechazar la norma en la sala como la rechazamos el día de hoy en la comisión”.

En ese sentido, el legislador añadió que “lamentamos que no hayamos podido llegar a un acuerdo, como lo estableció la propia Contralora en la comisión. Esta es una reforma que requiere el sistema público, los trabajadores merecen una reforma que mejore sus condiciones laborales, pero no en una ley miscelánea en donde se pretende mejorar su condición laboral en dos líneas”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) apuntó que “la izquierda no estuvo disponible a avanzar en la dirección que propuso su gobierno, y, por lo tanto, aquí volvimos al amarre original, un amarre que innova en el criterio de la corte suprema, que lo aminora a dos años, y que, por lo tanto, establece un mecanismo de amarre más intenso que el que hoy día, desafortunadamente, propuso el gobierno. Entonces, la izquierda desahució al ministro Grau y volvió al amarre original”.