La última vez que tuvo movimiento legislativo el proyecto de ley que reformula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fue el 14 de enero de este año. La Comisión de Medio Ambiente del Senado lo terminó de despachar a su siguiente etapa legislativa.

Ahora, después de cinco meses sin avances, la iniciativa se reactivó en la Comisión de Hacienda, la que comenzó a analizarlo.

Si bien es una buena señal de que este proyecto comience a ser debatido, la propuesta está todavía en su primer trámite legislativo, por lo que todavía le queda un largo trecho por avanzar, ya que luego debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Por lo mismo, como una señal de realidad política, el Ministerio de Hacienda no lo incluyó en una presentación que hizo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como uno de los de 10 proyectos prioritarios para sacar adelante antes del término de la actual administración. Tampoco fue relevado por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública del pasado 1 de junio.

Pese a todo aquello, desde el Ministerio de Medio Ambiente mantienen la esperanza de que pueda ser ley durante esta administración. “La reforma al Sistema de Evaluación Ambiental está dentro de las prioridades legislativas de este ministerio y vamos a trabajar para que el proyecto sea aprobado en este gobierno, porque existe consenso en que el país lo necesita”, señalan desde la cartera que lidera la ministra Maisa Rojas.

Un aspecto central de esta iniciativa, que ingresó a su discusión al Senado en enero de 2024, es la nueva institucionalidad que reemplazará a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y al Comité de Ministros, que tenía como objetivo despolitizar el proceso. Sin embargo, pese a los cambios que incorporó el Ejecutivo, no contó con el apoyo de la oposición.

La primera propuesta fue radicar las decisiones de ambas instancias en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recayendo la tarea de la evaluación y la calificación de los proyectos en el director regional o nacional del SEA, según correspondiera.

Esto fue rebatid por expertos y el sector privado, que cuestionaron que, para eliminar el criterio político, no debía dejarse la decisión de las reclamaciones en manos de la dirección ejecutiva del SEA, designada por el gobierno de turno.

Dado ello, el Ejecutivo ingresó una serie de modificaciones que apuntaban a consensuar ese aspecto clave del proyecto. La fórmula escogida fue incorporar un Consejo de Reclamación Ambiental, órgano colegiado que resolvería las controversias sobre los proyectos evaluados en el SEA, en tiempos acotados. Los integrantes de ese consejo serían elegidos por Alta Dirección Pública. Pero esa idea tampoco fue bien vista por los senadores de oposición, quienes la rechazaron.

Debido a esa situación, desde el Ministerio de Medio Ambiente explican que ahora el Comité de Ministros se elimina y se da la opción de recurrir directamente a la instancia judicial, que son los Tribunales Ambientales y excepcionalmente se entrega la posibilidad de recurrir jerárquicamente a la dirección ejecutiva del SEA, que era la propuesta original del Ejecutivo antes del Consejo de Reclamación. Asimismo, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) se reemplaza por el director regional del SEA.

Debate legislativo

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón (Demócratas), lamentó el hecho de que la presentación que hizo el ministerio no contara con la información actualizada, sino que también estaban presentes temas que se habían rechazado. Sin embargo, en el gobierno afirman que la idea de esa presentación era mostrar la evolución de la iniciativa, incluyendo los temas rechazados que ya no eran parte de la iniciativa.

Más allá de eso, la senadora espera que el proyecto se pueda aprobar durante este gobierno, pero afirma que todavía no se forma una opinión completa de la propuesta.

Uno de los actores importante de esta discusión es el senador de la UDI Sergio Gahona, quien, durante la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, era el presidente de esa instancia. “El proyecto de reforma a la Ley 19.300 es de suma urgencia. No solo permite acortar los plazos de evaluación, sino que entrega mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos y a los organismos del Estado, lo que es fundamental para atraer inversión responsable y garantizar estándares ambientales exigentes”, plantea.

No obstante, según el legislador, “vemos poco probable que esta reforma sea aprobada antes del término del actual gobierno. Considerando que el mandato concluye en marzo de 2026, quedan aproximadamente nueve meses efectivos de gestión legislativa”.

Gahona destaca varios de los cambios propuestos, pero dice que hay dos puntos críticos que siguen pendientes. Lo primero que menciona es el “fortalecer de manera más decidida la rectoría técnica del SEA, estableciendo un órgano realmente autónomo, independiente de las presiones políticas y del ciclo de los gobiernos. Lamentablemente, el Ejecutivo no tuvo apertura para avanzar en esa dirección, y creemos que es un tema clave para darle robustez institucional al sistema”.

Otro de los senadores de la Comisión de Medio Ambiente es Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), quien sostiene que “estoy de acuerdo en hacer un sistema más racional y eficiente que reduzca los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión públicos y privados, pero sin retroceder en estándares regulatorios, especialmente aquellos vinculados a la protección de la salud de la población y al medioambiente”.