El fenómeno venía asomando hace varios años, pero 2024 y 2025 terminaron por confirmarlo: la violencia en los espacios de trabajo dejó de ser un hecho aislado o propio de ciertos sectores críticos y se transformó en un problema estructural, transversal y en expansión. Las cifras más recientes del informe “Agresiones y Violencia en Mutual de Seguridad CChC” muestran que las denuncias por agresiones laborales alcanzaron en 2025 sus niveles más altos en una década, con 10.666 casos solo entre enero y octubre, y un aumento de casi 5% respecto del mismo periodo del año anterior. Es el peak más alto desde que existe registro sistemático.

El número total de denuncias aceptadas por agresiones desde 2015 supera las 100 mil, lo que equivale al 5,4% del total de accidentes y enfermedades laborales del sistema. La tendencia, además, exhibe un patrón claro: un descenso pronunciado durante los años de pandemia, seguido por un salto abrupto desde 2022 que continúa acelerándose.

Pero lo que más preocupa a los especialistas no es solo la magnitud del aumento, sino su distribución: sectores como educación, transporte, servicios comunitarios y administración pública concentran la mayor carga, con incrementos que hablan de entornos laborales sometidos a presiones que desbordan lo estrictamente laboral.

En palabras de Jorge Encina, especialista en salud mental comunitaria del Servicio de Salud Metropolitano, el fenómeno no puede leerse como una suma de casos aislados. “No creemos que sea un fenómeno puntual. Hay una pérdida del tejido social, una erosión del respeto en las relaciones interpersonales que se expresa también en los espacios de trabajo”, explica. “Estamos más aislados, más atomizados, más centrados en el interés personal. Y eso permea todo: salud, educación, servicios, atención al público”.

Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, coincide en que la violencia laboral dejó de ser un episodio excepcional. “Hoy vemos un incremento sostenido y transversal, que afecta tanto a trabajadores que se relacionan directamente con usuarios como a quienes cumplen funciones internas. Esto no es un problema sectorial: es un fenómeno estructural que refleja tensiones sociales acumuladas”, señala. Jaramillo añade que parte del aumento también se explica porque “los sistemas de denuncia y los canales formales se han fortalecido, lo que permite visibilizar situaciones que antes quedaban en silencio o se normalizaban dentro de las organizaciones”.

Radiografía de una crisis

El informe de la Mutual muestra que la violencia laboral no golpea por igual a todos los sectores ni a todas las personas. Hay grupos particularmente expuestos como el mundo educacional, que es uno de los más críticos. En 2025, las denuncias por agresiones en el sector educación alcanzaron un peak histórico de 2.018 casos entre enero y octubre, un 67% más que en 2024. Es el mayor aumento registrado en una década.

Los establecimientos de educación primaria concentran más de la mitad de las denuncias, seguidos por los de nivel preescolar. Y dentro de las profesiones más afectadas, los maestros de educación básica lideran con comodidad: representan más del 30% de las denuncias asociadas a este rubro.

Un dato especialmente sensible es el aumento de casos que involucran a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA): de 29 denuncias en 2022 se pasó a 268 en 2025, un incremento de 67,5% solo respecto del año previo.

Para Encina, este aumento se explica por la combinación de altas exigencias sociales, falta de apoyo profesional y una convivencia escolar en crisis. “Las comunidades vienen muy estresadas. La educación está recibiendo, igual que la salud, muchas tensiones sociales que no tienen dónde más manifestarse. Y ahí aparecen brechas profundas en la educación emocional y en la contención”, señala.

Para Jaramillo, la situación en educación requiere un enfoque inmediato: “Los establecimientos educacionales se han convertido en lugares de alta complejidad emocional. No basta con protocolos; necesitamos modelos preventivos, formación específica y herramientas para que los docentes puedan enfrentar episodios de desregulación o crisis sin quedar expuestos”.

Pero los profesores no son los únicos. Desde 2022, conductores y guardias completan la triada de las profesiones más expuestas a la violencia. En 2024 y 2025, el liderazgo lo toman los docentes, con más de 1.500 casos en el último año.

Emergen además nuevas categorías: los conserjes y recepcionistas, especialmente expuestos a agresiones realizadas por residentes o usuarios muchas veces en estado de ebriedad. La cifra de denuncias en este grupo llegó a su máximo histórico en 2025.

“Son trabajos atravesados por la exigencia del otro”, explica Encina. “Personas que lidian con la frustración, el enojo o el miedo del usuario. Y cuando no hay educación emocional o cuando los problemas sociales están desbordados, la agresión aparece como una respuesta validada culturalmente”.

Jaramillo agrega un matiz desde la perspectiva técnica: “Todos estos trabajos tienen un patrón común: la exposición continua a terceros. Cuando ese contacto se da en contextos cargados de estrés, ansiedad o expectativas elevadas, el riesgo de violencia aumenta. Por eso insistimos en avanzar en medidas estructurales como botones de pánico, cámaras, reforzamiento de equipos y estrategias de apoyo psicológico inmediato”.

La feminización del riesgo

Por primera vez desde 2015, las mujeres superan a los hombres en denuncias de agresiones laborales. En 2025 alcanzan 55,1% de los casos, y presentan además las tasas más altas de exposición.

Esto se explica en parte porque ellas son mayoría en sectores como educación, salud y servicios comunitarios. Pero Encina agrega un matiz clave: “Las mujeres sufren también más violencia sexual o connotada, algo que desde lo psicológico tiene un impacto diferente y más profundo. Hay una dimensión de género muy clara en este fenómeno”.

Jaramillo coincide: “Hay una combinación de factores estructurales —como la sobrerrepresentación femenina en sectores críticos— y también de sesgos culturales que incrementan la vulnerabilidad. Por eso, cualquier intervención debe considerar un enfoque de género explícito”.

Respuesta de las instituciones

A diferencia de años anteriores, los especialistas coinciden en que hoy existe una mayor conciencia organizacional respecto de la violencia laboral. “Ha habido un trabajo importante en promover la denuncia y en reconocer que la violencia es intolerable”, afirma Encina. “Las instituciones ya no la minimizan como antes”.

Jaramillo refuerza este punto: “Hoy vemos empresas mucho más activas en la prevención. Pero todavía hay brechas. Aún falta incorporar herramientas de evaluación temprana de riesgos, fortalecer los liderazgos en gestión del conflicto y avanzar hacia culturas organizacionales que no normalicen conductas agresivas”.

Aun así, persisten desafíos: recursos humanos con capacidades dispares, falta de protocolos claros en algunos sectores, infraestructura insuficiente para prevenir situaciones de riesgo y la necesidad de más formación en manejo de crisis y gestión emocional.

La Ley Karin aparece como una herramienta clave, aunque todavía en proceso de implementación y madurez. Para Encina, su efectividad dependerá de que las organizaciones la conviertan en un estándar de convivencia, no solo en un mecanismo de sanción. “Si queremos que funcione, necesitamos confianza, compañerismo y espacios seguros. No se trata de levantar muros, sino de fortalecer comunidades más sanas”.

Jaramillo coincide, pero añade un matiz técnico relevante: “La Ley Karin debe consolidarse como una herramienta preventiva. Si las organizaciones la usan solo para reaccionar cuando el conflicto estalla, llegamos tarde. Su verdadero valor está en detectar señales tempranas y corregir condiciones organizacionales que facilitan la violencia”.