En medio de la investigación por la compra del Cesfam, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de ocho personas, incluida la jefa comunal UDI.
2 abr 2024 01:34 PM
Periodista de La Tercera Domingo
En medio de la investigación por la compra del Cesfam, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de ocho personas, incluida la jefa comunal UDI.
Durante la jornada del lunes 1 de abril, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, junto a la fiscal Giovanna Herrera concretaron el ingreso de un escrito ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en que solicitan audiencia para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La decisión, tras dos años de investigación, asestó un duro golpe a una de las figuras más poderosas dentro del Partido Comunista. La demora en la toma de esta decisión, comentan conocedores del caso, fue recopilar la mayor cantidad de pruebas que le permitan al Ministerio Público no solo imputar al jefe comunal, sino solicitar en su contra la medida cautelar más intensa que contempla la ley, ante lo que califican como graves delitos ligados a actos de corrupción.
El Ministerio Público solicitó fijar audiencia en donde, además del jefe comunal de Recoleta (PC), se formalizará a otras siete personas.
El exministro de Desarrollo Social pide que un grupo de 23 parlamentarios de la tienda avecindada en Suecia lo compense por los daños ocasionados a su honra, al instalar sospechas en su persona respecto al robo de 23 computadores en la repartición que dirigía y vincular el hecho delictual con el 'caso líos de platas con fundaciones'. En el libelo se exige a los diputados que se "les ordene pedir disculpas públicas", se paguen las costas del juicio y se le compense por los daños a su honra.
El martes 6 de febrero, a solo minutos de que ocurriera el fatal siniestro en que falleció Sebastián Piñera, los cinco testigos principales prestaron declaración ante Carabineros. Esto es lo que relataron instantes después del incidente que ocurrió hace poco más de un mes.
Luego de huir de las torturas del régimen de Nicolás Maduro, el teniente venezolano se estableció en Chile. Aquí intentó llevar una vida normal: hizo de Uber, pintó casas, cosechó paltas y trabajó de guardia. Pero nada fue suficiente para avanzar de ese tormentoso pasado. Su obsesión con la situación de su país y su liderazgo, dicen sus cercanos, son la clave que explica su desaparición.
La PDI analiza el rol de un conserje que el 12 de febrero conversó con el teniente (R) venezolano y luego subió hasta su piso de manera “inusual”. Por su parte, la viuda de la víctima, en su funeral, insistió en que “todo el mundo sabe quién es el culpable”.
“Sabemos que las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad son -por lo general- ignoradas por los sistemas penitenciarios que fueron diseñados para hombres y, hasta ahora, nuestro país no ha implementado políticas legislativas que apunten a disminuir esta discriminación”, recalcó el defensor nacional Carlos Mora Jano.
En la indagatoria se analiza el rol de un conserje en particular, quien el 12 de febrero, nueve días antes del secuestro, conversó con el exmilitar en el hall y luego subió hasta el piso donde vivía a realizar una especie de "inspección" en el pasillo. Continúan las pesquisas para aclarar el móvil de este crimen.
Junto con la preocupación por las condiciones en que viven enajenados mentales en este Centro de Detención Preventiva, el magistrado Fernando Guzmán en una reciente visita carcelaria dio cuenta de las graves condiciones en que se encuentran encerrados los internos, muchos de los cuales están mezclados con reos de alta peligrosidad, al menos un 26% son foráneos. "Existe un grave problema con respecto a la clasificación y posterior criterio de segregación de los extranjeros, pues los actualmente en prisión preventiva son considerados de bajo compromiso delictual (no se tiene registro de sus antecedentes penales en el país de origen), no obstante la naturaleza de los delitos atribuidos y el hecho que están organizados en bandas que extorsionan a los demás imputados y manejan el comercio ilegal de drogas, armas, teléfonos móviles, alcohol y alimentos", se lee en el acta.
Tras la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, el jefe comunal junto a otros cuatro alcaldes constituyeron la fundación Fulap. Entre 2022 y 2023 la ONG utilizó insumos que habían sido comprados con fondos de la fallida asociación.
De acuerdo con el documento reservado remitido por efectivos del OS-7 a la fiscal Giovanna Herrera, el jefe comunal no habría gestionado "los bienes de manera fidedigna y verídica" y "a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó el patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares impulsando a una liquidación forzosa”.
El magistrado Fernando Guzmán recorrió Santiago I y constató graves vulneraciones a internos que deberían estar hospitalizados en el siquiátrico. "Lo que llama la atención es la indolencia frente a una prohibición quebrantada y advertida hace décadas: los enajenados mentales vulnerables no pueden permanecer durante meses encarcelados sin el tratamiento adecuado junto al resto de la población penal. Se debe ampliar la oferta sanitaria", advirtió.
El primer detenido en la causa fue formalizado, luego que reconociera haber estado en el edificio del exmilitar en compañía de otro sospechosos vinculado al Tren de Aragua. Se indaga la participación de tres autos identificados y otros cuatro participantes directos del secuestro.
A.C., de supuestos 17 años (no cuenta con RUT), fue detenido por la PDI, luego de ser rastreado por cámaras de seguridad y la realización de seguimientos. Según los antecedentes que levantó la Fiscalía, el imputado dijo dedicarse al reparto de comida, o delivery, y al momento de su detención mantenía ketamina en su poder. Pese a esto su nombre no registra detenciones previas.