SEÑOR DIRECTOR:

El inicio de auditorías destinadas a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado responde a uno de los ejes del programa del actual gobierno. La revisión de contratos de servicios, asesorías externas, ausentismo laboral y procesos de contratación no ejecutados aparece como un conjunto de frentes relevantes en este esfuerzo. En campaña se comprometió un recorte de US$6 mil millones sin afectar el gasto social, y los ministerios ya fueron instruidos a reducir en 3% su gasto este año.

La tarea, sin embargo, es exigente. En perspectiva comparada, el Departamento de Eficiencia Estatal de Estados Unidos (DOGE) anunció al inicio de la administración Trump una meta de US$2 billones, luego reducida a la mitad. Los balances sobre sus resultados han sido dispares: mientras las cifras oficiales hablan de US$215 mil millones por cancelación de contratos, reducción de personal y detección de fraudes, diversos analistas han advertido errores contables e incluso un aumento del gasto, generando una disputa narrativa sobre los resultados.

La experiencia estadounidense muestra cuán complejo puede ser reducir el gasto cuando el proceso depende de organismos creados dentro del propio Ejecutivo. En Chile, la revisión estará a cargo de un comité estratégico integrado por autoridades de gobierno, el Consejo de Auditoría Interna General y las unidades de auditoría de ministerios y servicios. En este contexto, el desafío no será solo la credibilidad de las cifras, sino también la capacidad del sistema político para interpretar sus resultados. Voces opositoras ya cuestionan la imparcialidad del proceso, por lo que es previsible que las auditorías se transformen en un nuevo foco de disputa en los próximos meses.

Rodrigo Espinoza Troncoso

Director Escuela de Administración Pública UDP