SEÑOR DIRECTOR:

La crisis de seguridad que vive el país no puede analizarse solo desde la figura del delincuente individual. Casos de corrupción en Gendarmería, como los ocurridos en el Penal N°1 de Santiago, y las denuncias —aún en investigación— sobre eventuales colaboraciones de profesores con grupos violentos en liceos emblemáticos, revelan una realidad más profunda y preocupante: la ilegalidad es capaz de penetrar instituciones llamadas a resguardar el orden y la convivencia.

La gravedad de estos hechos aumenta cuando quienes debieran ejercer funciones formativas o disciplinarias aparecen involucrados o permeables a prácticas que socavan la autoridad institucional. No se trata solo de delitos aislados, sino de una erosión progresiva de la confianza pública.

Las eventuales colaboraciones con hechos de violencia en establecimientos educacionales deben investigarse con rapidez y rigor. No solo para proteger a docentes y equipos directivos que se ven afectados por sus propios pares, sino para restablecer el orden escolar y garantizar efectivamente el derecho a la educación de niños y jóvenes. Un Estado que tolera la captura de sus instituciones renuncia, en los hechos, a su deber más básico: hacer cumplir la ley.

Juan José Llorente

Fundación Jaime Guzmán