SEÑOR DIRECTOR:

El reciente informe del capítulo latinoamericano de International Network for Government Science Advice (INGSA) y la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma, revela un dato inquietante: en Chile, apenas un 26% de los científicos considera que la evidencia científica influye en la formulación de políticas públicas. Lejos de ser un simple problema técnico, esta desconexión refleja una fragilidad institucional que compromete la calidad de nuestras decisiones colectivas.

Si la política sigue priorizando intereses de corto plazo por sobre el conocimiento acumulado, corremos el riesgo de profundizar la desconfianza ciudadana y la ineficacia estatal. La ciencia no ofrece verdades absolutas, pero sí diagnósticos y propuestas más sólidas que la improvisación o la mera conveniencia electoral.

Cerrar esta brecha no implica sustituir el juicio político, sino enriquecerlo. Se requieren canales formales de diálogo, incentivos para la colaboración y una renovada cultura de respeto mutuo entre ciencia y política. Solo así podremos construir políticas públicas que respondan a los desafíos de nuestro tiempo, desde la crisis climática hasta la innovación educativa. No podemos permitirnos gobernar a ciegas cuando la brújula del conocimiento está disponible.

Iván Suazo

Vicerrector de Investigación

Universidad Autónoma