SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada comenzó en el Congreso la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En ese marco, algunas intervenciones sugirieron que existiría una relación entre la legalización del aborto y la “crisis de natalidad”.

Esa afirmación busca instalar una idea sin sustento científico, repetida en distintos países por sectores conservadores. Y si se pretende enfrentarla seriamente, el camino no es restringir derechos, sino atender las verdaderas causas.

El más reciente informe de UNFPA muestra que las principales razones por las que las personas no tienen los hijos que desean están relacionadas con la inseguridad económica, el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de la vivienda y de la crianza, a ello se suman los elevados costos de los tratamientos de infertilidad, así como la desigualdad en las labores de cuidado. También pesan las preocupaciones frente al cambio climático, la inestabilidad económica y los conflictos mundiales.

Son estas causas estructurales —y no el aborto legal— las que deben orientar una política pública seria para responder a los desafíos demográficos: el desarrollo de empleos dignos, viviendas asequibles, sistemas de cuidado, servicios universales de salud reproductiva, y medidas de igualdad de género que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, eliminen las barreras a la participación laboral de las mujeres y garanticen condiciones equitativas en todos los ámbitos de la vida social y económica.

Lo que corresponde impulsar no es la restricción de derechos, sino una agenda de justicia social e igualdad. Y en esa agenda, el acceso a un aborto seguro y legal también tiene un lugar indispensable.

Lieta Vivaldi y Laura Dragnic

Abofem