SEÑOR DIRECTOR:

La reciente detención de siete suboficiales del Ejército de Chile por su presunta participación en una banda dedicada al narcotráfico vuelve a encender una alarma mayor: la vulnerabilidad de nuestras instituciones frente al crimen organizado. Este no es solo un escándalo más, sino una señal clara de que la barrera entre institucionalidad y crimen se está erosionando peligrosamente.

En 2024, fui convocado como consultor a un país latinoamericano azotado por una profunda crisis penitenciaria. Entre 2021 y 2022, más de 400 reclusos fueron asesinados en el interior de prisiones, muchos decapitados, desmembrados o incinerados. La brutalidad se exponía sin pudor: los victimarios se grababan con teléfonos celulares mientras ejecutaban los crímenes, difundiendo las imágenes como advertencia. No era violencia común; era barbarie pura.

Durante esa experiencia, conocí a quien fuera un juez antimafia italiano, quien lideraba un programa de modernización del sistema penitenciario. Desde su conocimiento profundo sobre el fenómeno mafioso en Italia durante los años noventa, compartió una reflexión que aún resuena en mi memoria: “Cuando miembros activos de las Fuerzas Armadas se involucran con redes criminales, un país se aproxima peligrosamente a un punto de no retorno”. Ese, afirmaba, es el signo más alarmante de que el crimen organizado ha dejado de operar desde los márgenes y ha comenzado a infiltrarse en el corazón del Estado.

Chile no está lejos de ese escenario. La crisis de seguridad que enfrentamos no solo responde al aumento de delitos violentos o al crecimiento del narcotráfico. Es también consecuencia de la ceguera —voluntaria o negligente— de quienes toman decisiones sin comprender realmente cómo se articula el crimen organizado en los territorios.

La infiltración del narcotráfico en instituciones armadas es una línea roja que, si no se defiende con firmeza, arrastrará consigo cualquier intento futuro de orden y gobernabilidad.

Propuestas como la reducción drástica de pensiones para miembros de las Fuerzas Armadas, de orden, seguridad y Gendarmería que incurran en delitos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado, no deben ser vistas como una exageración, sino como una señal ética contundente. Las pensiones no son un regalo: son la justa retribución a quienes han jurado proteger a la sociedad incluso a costa de su vida. Por eso, quien se colude con esta criminalidad es un traidor, indigno de esa retribución. Su destino debe ser claro: pena privativa de libertad sin atenuantes penales.

Christian Alveal

Ex director de Gendarmería