SEÑOR DIRECTOR:

La columna de Gabriel Zaliasnik publicada este martes intenta desviar la atención de lo esencial: la denuncia de un crimen que el propio derecho internacional reconoce. La Corte Internacional de Justicia —máximo órgano judicial de Naciones Unidas— concluyó que existen fundamentos plausibles para considerar que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. La Corte Penal Internacional, por su parte, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y otros altos funcionarios por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No es el Presidente Boric quien califica, es el derecho internacional el que investiga y avanza.

Más de 56.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños. Se han destruido hospitales, universidades, escuelas, y se ha utilizado el hambre como arma de guerra. Ante ello, acusar de antisemitismo a quien denuncia estos hechos es no solo una injusticia, sino una peligrosa estrategia de inmunidad política. Confundir deliberadamente judaísmo con sionismo, o religión con un gobierno, es una fórmula conocida para deslegitimar cualquier crítica, incluso cuando proviene de instituciones internacionales o de voces judías que disienten.

El Presidente de la República hizo uso de su tribuna no para dividir, sino para defender la legalidad internacional y los principios más básicos del derecho humanitario. Quienes han guardado silencio frente a esta tragedia no están en posición de dictar lecciones morales. Lo que de verdad envenena el debate público no es la denuncia del genocidio, sino el intento de silenciarla.

Sabas Chahuán Sarras

Abogado