SEÑOR DIRECTOR:

El Dictamen N° 75 de la Superintendencia de Educación ha generado una tensión entre el derecho a la educación de los estudiantes y la sostenibilidad financiera de los colegios con financiamiento compartido. Aunque el dictamen establece que no se puede sancionar a un estudiante por razones económicas, distingue entre mora justificada e injustificada, y considera improcedente la no renovación de matrícula solo en el primer caso.

Sin embargo, este planteamiento merece un análisis crítico. La Superintendencia califica como “sanción” una acción que la ley permite: el ejercicio de un derecho contractual del sostenedor, amparado por el Art. 11 de la Ley 20.370 y ratificado por la Corte Suprema. Adicionalmente, el dictamen podría constituir una innovación normativa que excede las facultades del organismo, vulnerando el principio de reserva legal. Un claro ejemplo de esto fue la necesidad de una ley específica (Ley 21.290) durante la pandemia para asegurar la continuidad escolar, lo que demuestra que esta facultad de no renovación ya existía.

Ante este escenario, que podría afectar a más de 700 colegios con copago, proponemos actuar con profesionalismo. La clave es separar la trayectoria educativa del estudiante de la obligación financiera del apoderado. Esto se logra mediante tres pilares: Incorporar un proceso claro en los reglamentos y contratos; establecer criterios objetivos para diferenciar la mora justificada de la injustificada; utilizar vías de cobro legales y civiles para la mora injustificada, sin afectar jamás al estudiante.

Si lo hacemos bien, este dictamen no será una crisis, sino la oportunidad de profesionalizar la gestión de la morosidad con justicia y sostenibilidad.

Jonathan Crespo

Consultor Financiero Educacional

CEO Numerus

Rubén Valencia

Asesor de Gestión Educacional

Director ejecutivo Numerus Consultoría