SEÑOR DIRECTOR:

Si bien la Fiscalía Supraterritorial iniciará formalmente sus labores en marzo, lo cierto es que ya han habido movimientos y acciones relevantes. Según se ha informado en su medio, ya ha sido seleccionado el primer grupo de fiscales que formarán parte de ella. Sin duda, esta nueva unidad constituye un avance institucional necesario en un país que enfrenta delitos cada vez más complejos y transregionales. Esta nueva unidad centraliza competencias a nivel nacional y destina fiscales especializados a causas de alta complejidad, lo que puede significar mayores capacidades investigativas y mejores resultados en la persecución penal.

Sin embargo, como lo han advertido autoridades del propio sistema, esta ampliación de funciones no debe verse como una solución completa al problema de la sobrecarga que enfrenta la justicia penal. La Defensora Nacional ha señalado con razón que una mayor capacidad de investigación, si no se acompaña con un refuerzo proporcional de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial, corre el riesgo de generar cuellos de botella que terminen debilitando la eficacia del proceso.

Una fiscalía más potente puede intensificar la tramitación de causas, generar más audiencias y detenciones, pero si no hay suficientes defensores para garantizar el derecho a la defensa ni jueces y salas que puedan agilizar los procesos orales, el sistema puede volverse ineficiente.

Por ello, junto con valorar la creación de esta nueva fiscalía, es imprescindible que estos esfuerzos enfoquen recursos en equilibrar el fortalecimiento institucional. Aumentar la planta de defensores públicos, ampliar la capacidad operativa de los tribunales y modernizar procesos judiciales. Solo así podremos aspirar a un sistema penal que funcione de manera integral, eficiente y justa para todos.

Daniela Castillo

Asociada grupo penal Albagli Zaliasnik