SEÑOR DIRECTOR:

El pronunciamiento emitido por la contralora Dorothy Pérez, en respuesta a la acusación del diputado Manouchehri contra la primera dama, permite abrir una reflexión más amplia y de fondo: la instrumentalización de las facultades de fiscalización por parte de ciertas autoridades.

La fiscalización es indispensable en una democracia. Sin embargo, cuando esas facultades son forzadas para transformarlas en herramientas de disputas personales o vendettas políticas, no degradándose solo la relación entre autoridades, sino la institucionalidad misma. Y esto no ocurre únicamente con los parlamentarios, pues también se ve con frecuencia en el ámbito municipal, donde concejales confunden su deber fiscalizador con una oposición obsesiva hacia alcaldes y sus administraciones, utilizando oficios y denuncias más para obtener réditos políticos que para resguardar el interés público. El llamado de atención de la Contraloría parece ser para varios.

Sebastián Pezoa D.

Abogado