SEÑOR DIRECTOR:

Con 129 artículos, la ley de reajuste del sector público es muchas cosas, menos una ley de reajuste y es el mejor ejemplo de una ley miscelánea y de por qué conviene evitarlas.

Un caso ilustrativo afectará a las concesionarias de distribución eléctrica. El artículo 102 modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y prohíbe la atención al cliente mediante sistemas exclusivamente automáticos para consultas, reclamos y solicitudes de información. Si un usuario quisiera saber el monto de su boleta, ya no respondería un sistema, sino una persona. Además, se exige atención personalizada en un máximo de cinco minutos desde que inicia la interacción, sin medir costos ni la factibilidad de implementarlo. Todo esto es evidentemente costo y difícil de implementar: basta imaginar que ocurriría en un corte de suministro en cualquiera de las principales ciudades del país.

La norma no fue prácticamente discutida ni evaluada: no se sabe el costo para el cliente, la factibilidad de implementarse ni se atendió al sistema de fijación de tarifas. La norma en cuestión fue propuesta en la discusión de la ampliación del subsidio eléctrico y, en dicho proyecto, corregida y adecuada a nuestra normativa. Pero, por decisión del Ministerio de Hacienda, será ley en su peor versión.

No puede continuarse con la mala práctica de las leyes misceláneas, que impiden el estudio que la responsabilidad de legislar demanda, porque las prisas pasan, pero las malas leyes quedan.

Juan Ignacio Gómez Corvalán

Abogado, Libertad y Desarrollo