SEÑOR DIRECTOR:

A días de cumplirse el plazo legal de dos años (6 de septiembre de 2025) para que se dicten los reglamentos que mandata la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el panorama es preocupante: solo se ha dictado uno de ellos. Según la información disponible del Ministerio del Medio Ambiente y la Contraloría, apenas cuatro reglamentos han llegado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, dos se encuentran a la espera de la firma presidencial, cuatro culminaron recién su consulta pública y otros tres permanecen en consulta indígena, un procedimiento más largo.

Es cierto que la elaboración de reglamentos es compleja, pero la demora y la mala gestión en este caso son evidentes. Estos instrumentos son la pieza que permite que las leyes se apliquen y tengan efectos reales, más aún, tratándose de una nueva institucionalidad que impone obligaciones ambientales. La falta de definiciones en materias clave —como la regulación de sitios prioritarios, la clasificación de ecosistemas amenazados o la determinación de áreas protegidas— mantiene a la institucionalidad en un limbo, multiplica la incertidumbre y afecta decisiones de inversión, un déficit que lamentablemente se ha vuelto habitual en el último tiempo.

Simón Pinto

Abogado, Libertad y Desarrollo