SEÑOR DIRECTORr:

Es innegable que en las últimas semanas la labor de la Contraloría ha sido implacable. En esta línea, su informe más reciente confirma graves incumplimientos de la institucionalidad local, ratificando una situación que ya preocupaba a nivel regional y que hoy se evidencia como un fenómeno generalizado.

En noviembre pasado, solicitamos por Ley de Transparencia información sobre los Consejos de Seguridad de 12 municipios de la Región de Valparaíso. Tras meses de espera —y solo cuatro respuestas dentro del plazo—, evidenciamos que en 2024 las comunas consultadas realizaron en promedio 8 de las 12 sesiones exigidas por ley, con casos extremos como Cartagena, que justificó solo una sesión.

En estas instancias, solo en el 35 % de los casos asistieron los dos concejales requeridos, cifra similar a la de los delegados presidenciales y fiscales. Los alcaldes tuvieron mayor asistencia, pero igualmente faltaron a un tercio de las sesiones, pese a tener la obligación de presidirlas. Así, las cifras comprometen no solo a los municipios, sino también a otras instituciones claves en seguridad.

Frente a estas deficiencias, y en un contexto en que se busca ampliar las atribuciones locales en la materia, cabe preguntarse: ¿no debiéramos primero asegurar la correcta ejecución de las ya existentes? De lo contrario, el problema se agrava y seguimos sin hacernos cargo.

Francisca Undurraga

Investigadora Fundación P!ensa