Por ocho votos a favor y dos abstenciones, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) reeligió ayer como su presidente al ministro Carlos Carmona, quien ejercerá el cargo durante los próximos dos años.

Carmona integra el tribunal desde marzo de 2009, cuando fue designado por Michelle Bachelet durante su primer gobierno, y asumió como titular de la entidad en agosto de 2014. Producto de un acuerdo interno -tras cinco empates consecutivos-, le correspondió sólo un año, ya que se dividió el periodo con Marisol Peña, quien ejerció la titularidad en los 12 meses previos.

Aunque durante los últimos días se especuló que nuevamente podría producirse un posible empate, esta vez entre Carmona y el ministro Iván Aróstica -un hecho que, de concretarse, habría obligado nuevamente a que ambos se dividieran el periodo- finalmente el pleno llegó a un acuerdo para apoyar al actual presidente.

Dicho consenso contempla que una vez transcurridos los dos años de la presidencia de Carmona, los miembros del TC le entreguen su apoyo a Aróstica, cercano a la oposición.

"Agradezco a los ministros por renovar su confianza en esta gestión. Para que el tribunal tenga un buen desempeño, es necesario el mejor esfuerzo de todos sus ministros", afirmó Carmona tras la votación.

Cercanía oficialista

Abogado de la Universidad de Chile (53), Carmona es cercano al oficialismo y ejerció diversas funciones durante los cuatro gobiernos de la Concertación. En 1990 ingresó a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia, donde ocupó distintas jefaturas. Durante los últimos meses del gobierno de Frei Ruiz-Tagle ejerció como subsecretario de dicha cartera. Más tarde, durante la administración de Ricardo Lagos y luego en el primer gobierno de Bachelet, se desempeñó como jefe de la división jurídica del mismo ministerio, cargo desde donde le correspondió defender las posturas de ambos gobiernos ante el TC.

Carmona es cercano, además, al ministro del Interior, Jorge Burgos, y al ex presidente del CDE, Carlos Mackenney.

Considerando que entre las funciones del TC está el ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y decretos, pronunciarse sobre inhabilidades, incompatibilidades y cesación del cargo de autoridades, además de controlar los proyectos de reforma constitucional, el hecho de que el presidente del TC sea cercano al oficialismo podría resultar clave para determinar la viabilidad de algunas iniciativas impulsadas por el gobierno.

Esto, considerando que el TC está compuesto por diez miembros y que, cuando se produce un empate sobre alguna materia, el voto del presidente se cuenta como voto dirimente.

Así, el sufragio de Carmona podría, eventualmente, inclinar la balanza a favor de un determinado proyecto de ley, tal como ya ocurrió en el caso de la reforma educacional impulsada por el gobierno (ver recuadro).

Las disputas que vienen

Durante los dos años que Carmona ocupe la presidencia del TC, se espera que el organismo deba resolver distintos asuntos relacionados con proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo.

Uno de ellos sería el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. La iniciativa, ingresada por La Moneda en enero de este año, cuenta con un férreo rechazo por parte de la oposición y reparos en la DC. En la Alianza ya han anunciado que, de aprobarse, impugnarán su constitucionalidad ante el tribunal argumentando que atenta contra el derecho a la vida.

También existe la posibilidad de que parlamentarios opositores decidan presentar un recurso en el caso de que se termine aprobando la reforma laboral tal como salió de la Cámara. Además, en la Alianza están atentos al mecanismo que defina el gobierno para cambiar la Constitución; una materia que también debería ser visada por el TC.