En prisión preventiva quedaron Felipe Arancibia (24) y Sebastián Olguín (28), detenidos ayer por su presunta participación en el robo que afectó a un vehículo que movilizaba a personal de la seguridad presidencial de Michelle Bachelet. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un Pronto Copec, cerca del kilómetro 27 de la Ruta 5 Norte, el 2 de septiembre pasado.

Según relató la fiscal Nancy González, en la audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Garantía de Colina, Arancibia, acompañado de otro sujeto quien aún se encuentra prófugo, habrían abordardado el vehículo en el que viajaban los escoltas, tras percatarse que en su interior había tres mochilas y que pensaron contenían computadores. La persecutora de la Fiscalía Centro Norte agregó que los delincuentes "aprovecharon el instante" en que los ocupantes del vehículo encontraban al interior del servicentro para romper el vidrio posterior derecho del auto y sustraer los bolsos.

La Fiscalía añadió que tras el ilícito Arancibia y el otro sujeto habrían huído del lugar, percatándose minutos después que dentro de las mochilas había dos radios de comunicación de Carabineros, tres placas de identificación y dos armas de fuego Glock.40, además de $ 100 mil pesos en efectivo y US$ 200.

Según añadió González, los sujetos procedieron a lanzar las radios y las mochilas a un canal de regadío del sector, quedándose con las armas con el fin de poder venderlas.

Venta del arma

Al día siguiente del hecho, Arancibia habría vendido las armas a Olguín por $ 1.000.000, el cual fue dividido en partes iguales por los delincuentes. Tras conocer el robo sufrido por la comitiva presidencial, Olguín revendió el armamento a un tercero por $ 1.200.000

La fiscalía imputó a Arancibia los delitos de robo de bienes nacionales de uso público, porte y venta ilegal de armas de fuego, receptación y uso de placa patente única de vehículo. Mientras que en el caso de Olguín fue acusado de los delitos de receptación y por porte y venta ilegal de armas de fuego.

Por otro lado, el subprefecto Hugo Pérez, de la Brigada Criminalista José María Caro de la PDI, indicó que hay dos personas más que están siendo investigadas por su presunta participación en los hechos. "Ya están identificadas (…) policialmente, ya está esclarecido el hecho".

Pérez agregó que aún están realizando diligencias para determinar el paradero de las armas sustraídas. El tribunal decretó 120 días de plazo de investigación.