Por Víctor CofréLa notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
Un tribunal decidió esta semana declarar la liquidación concursal de la empresa Valeria Ronchera. Su abogado explicó al juzgado que el origen de sus problemas económicos estuvo en una cafetería en la que invirtió y que abrió solo tres días después del estallido social de 2019. Y vino la pandemia.

Hace casi tres años, en agosto de 2023, el factoring Primus, envuelto entonces en una gran crisis por un fraude interno originado por dos gerentes, demandó a la notaria Valeria Ronchera Flores por deudas por $ 214 millones.
Este martes, la jueza del 6° Juzgado Civil de Santiago, Rommy Müller, dirigió la audiencia inicial del proceso de liquidación forzosa, en la que participaron por videoconferencia el abogado José Garrao, defensor de Ronchera, y los representantes de Primus.
José Garrao solo hizo presente que la petición de liquidación “debería haber considerado a su representada como persona deudora y no como empresa deudora”.
El tribunal, sin embargo, avanzó con la liquidación de la empresa: “Procédase a dictar resolución de liquidación de la empresa Valeria Ronchera Flores, previa recepción del certificado de nominación de liquidadores de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”, determinó.
En paralelo, el abogado de Ronchera presentó un escrito para explicar al tribunal el origen de los problemas económicos de su clienta. Ahí recordó la trayectoria de Ronchera: ingresó al Poder Judicial en 1996, como relatora suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2001 fue nombrada notaria titular de San Miguel y desde 2010 dirige la Décima Notaría de Santiago.
A mediados de 2019, Ronchera y su sociedad Inmobiliaria Roda SpA suscribieron contratos de factoring con Primus: $ 20 millones ella como persona natural y $ 130 millones, para roda, destinados a la instalación de una cafetería en Agustinas 1235, contigua a la notaría. “Se arrendó el inmueble, se contrató personal, se adquirieron maquinarias y mobiliario, y la apertura quedó fijada para el 21 de octubre de 2019″, dice el texto. Tres días después del 18 de octubre. “El estallido social constituye el primer hecho sobreviviente que alteró la base económica del proyecto”, escribió Garrao, que recordó que aquello afectó especialmente Santiago Centro. Luego, en 2020, vino la pandemia, que golpeó con fuerza “los rubros vinculados a alimentación y consumo presencial”, complementó.
Y el tercer factor fue una resolución de septiembre de 2020 de la Corte de Apelaciones que instruyó a Ronchera “abstenerse de utilizar el sistema computacional implementado en su oficio para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”.
Su abogado dice: “La decisión tuvo el efecto material directo de impedir a mi representada continuar prestando atención remota a usuarios en el contexto de las restricciones entonces vigentes, agravando significativamente la caída de ingresos profesionales”.
Ronchera cerró la cafetería, finiquitó al personal y restituyó el inmueble. Y pidió a Prumus, dice, sucesivas prórrogas, previo pago de intereses por $ 20 millones.
“Soy una deudora que siempre he enfrentado todo y he tratado de cumplir mis obligaciones”, respondió Valeria Ronchera a Pulso, consultada por este caso.
La abogada reconoce la deuda basal, dice, pero ha calificado como falsos los pagarés que Primus presentó en los juicios ejecutivos y que han servido de base para su liquidación y querellas en su contra. “Tomé la decisión de ir a los tribunales y demostrar que soy víctima de esto. A la empresa que me está ejecutando le sirven antecedentes que son falsos para ejercer acciones criminales y esos mismos documentos le sirven para ejercer las acciones civiles de cobro. Un título o es falso o es verdadero. Y en eso estoy demandando civilmente”, explica Ronchera, quien está con permiso administrativo. La Décima Notaría de Santiago está a cargo de su suplente, Cristián Ortiz.
Este no es el único problema de Ronchera. El abogado Luis Alberto Aninat solicitó este año a la Corte de Apelaciones de Santiago la remoción de la ministra de fe, argumentando dolo en su actuación, por la venta irregular de una propiedad en Zapallar, avaluada en $ 1.600 millones. Y en mayo, el empresario inmobiliario Mauricio Truan Alonso presentó una demanda ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, solicitando declarar la liquidación forzosa de la notaría por una deuda de $ 418 millones.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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