Bajo el eslogan "Yo tengo poder: Yo voto", el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para motivar la inscripción de los jóvenes en los registros electorales, con el objetivo de que participen en los comicios presidenciales y legislativos de diciembre.

La falta de interés de los jóvenes por ser parte del padrón electoral es un tema recurrente de la discusión pública nacional. Para el plebiscito de 1988, el 37,3% del padrón electoral chileno estaba integrado por ciudadanos entre 18 y 29 años. Para los comicios municipales de 2008, en cambio, sólo el 8,6% del mismo correspondía a votantes de ese rango etario. La escasa presencia de votantes jóvenes ha hecho que, pese a que la población chilena ha crecido en casi un tercio desde 1988, el tamaño del padrón electoral haya aumentado sólo en 10%.

La fecha límite para cumplir con la diligencia en las Juntas Inscriptoras es el 13 de septiembre, 90 días antes de la fecha de las elecciones. Ello significa que sólo quedan cinco semanas y que la campaña mencionada no alcanzará a surtir un efecto significativo en el número de personas que componen el padrón electoral. El esfuerzo publicitario del Ejecutivo por motivar la inscripción parece llegar muy tarde y no ser lo suficientemente persuasivo como para cumplir su objetivo.

Es difícil identificar qué factores motivan la ausencia de interés de parte de los jóvenes por la participación electoral. Hay quienes sostienen que ésta se debe a un desencanto con la política. Si esta explicación fuera plausible, la aparición de un candidato con un perfil contestatario como Marco Enríquez-Ominami podría haber provocado un auge en la inscripción, tendencia que hasta ahora no se verifica.

Algunas encuestas sugieren más bien la tesis contraria: quienes no se inscriben en los registros electorales están básicamente satisfechos y prefieren no tomarse la molestia de cumplir con un trámite incómodo. De hecho, existen estudios de opinión que muestran mayor satisfacción entre los no inscritos que entre los votantes habilitados.

Aunque las conclusiones que se derivan de uno u otro caso son muy distintas, sí parece evidente que resulta deseable que la población concurra a votar. Para conseguir este objetivo, la actitud decidida de las autoridades de gobierno y legislativas es crucial. Por desgracia, en este ámbito suele haber mucha retórica y poca acción concreta, especialmente porque los incentivos para los actores políticos relevantes parecen orientarse en la práctica a mantener el statu quo.

Prueba de ello es que la iniciativa que promueve la inscripción automática y el voto voluntario lleva casi cuatro años en el Congreso. De aprobarse, alteraría profundamente la dinámica político-electoral: añadiría más de dos millones de personas al universo de votantes; obligaría a los partidos y candidatos a motivar la participación para evitar el abstencionismo, y también eliminaría la amenaza de que muchos jóvenes pudieran sentir de verse "capturados" por un sistema que los obliga a sufragar. No es claro que el Ejecutivo, los legisladores y los partidos deseen ver alteradas de manera tan radical las condiciones en que se desenvuelven.

Aunque en menor grado, otras medidas propuestas (por ejemplo, la posibilidad de que las inscripciones se realicen hasta un mes antes de los comicios) encierran un similar potencial de cambio, por lo que tampoco han sido empujadas con suficiente fuerza por ningún actor político. Además, según diversas encuestas, el candidato opositor captaría entre los no inscritos mayor adhesión que el oficialista, lo que también puede ser un desincentivo para promover cambios sustanciales en esta materia desde la coalición gobernante.

Los cambios necesarios para permitir una participación electoral masiva de los jóvenes a menudo enfrentan obstáculos serios de parte de los mismos actores que dicen promoverla. Naturalmente, esos obstáculos no podrán ser subsanados por una campaña publicitaria que parece bien intencionada, pero que resulta tardía.