La Comisión para la Paz y el Entendimiento fue creada a mediados de 2023, como una instancia para asesorar al Presidente de la República con el propósito de construir una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Con ello se buscaba lograr una salida institucional a dicho conflicto, estableciendo una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche, conforme indica el decreto que dio vida a dicha comisión.

El informe final de la comisión fue entregado en mayo de este año, es decir, a casi dos años de haberse constituido. Si bien estaba contemplado que esta entregara su informe en un plazo de hasta 18 meses, también se contempló la posibilidad de la prórroga. Los ocho comisionados solicitaron al gobierno dos prórrogas, estableciéndose el 30 de abril de este año como fecha tope. Se insistió en que dichas extensiones eran fundamentales, pues resultaba clave llegar con un informe lo más consensuado posible -fue evidente que las diferencias entre los comisionados solo pudieron zanjarse hacia el final del proceso-, porque de esa forma no solo se facilitaría el acuerdo político para plasmar las propuestas en leyes, sino también ayudaría a su buena recepción en las comunidades indígenas.

Sin embargo, lo que parecía un proceso que fluiría sin mayores contratiempos ha tenido un complejo inicio, lo que se ha reflejado en las dificultades para poder llevar a cabo la consulta indígena no vinculante en las cuatro regiones. En las últimas semanas se han multiplicado las voces de comunidades que reclaman que se trata de un “completo fracaso”, de un proceso “impuesto”, o bien que la solución para acotar la entrega de tierras -que fue un punto medular de la propuesta, estableciéndose para estos efectos la creación de un fondo por US$ 4 mil millones- es una forma de cercenar los reclamos históricos de las comunidades. Distintas figuras han pedido que se suspenda la consulta, entre ellas Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constituyente y actual candidata a senadora por La Araucanía en lista del PC.

El gobierno ha manifestado su voluntad de seguir adelante con la consulta, pero aun así ya se advierten señales bastante evidentes de que el proceso está muy dañado. En el afán de buscar consensos hasta el final, los comisionados no tomaron en cuenta los riesgos de que las conclusiones de esta comisión se comenzaran a tratar en pleno ciclo electoral, lo que claramente se prestaría para que sectores interesados politizaran el proceso, tal como de hecho está ocurriendo. Así como hay representantes indigenistas -es el caso de Loncón- que están torpedeando la iniciativa, tampoco es claro que de asumir el próximo año un gobierno de oposición -sobre todo si es de línea más dura- exista plena disposición para priorizar este acuerdo.

Los comisionados Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla, quienes oficiaron como copresidentes de la comisión, tienen la mayor responsabilidad en la estrategia de haber privilegiado un documento lo más consensuado posible, pero desatendiendo que también era relevante velar por su efectividad. La consecuencia práctica es que parece haberse llegado a un escenario donde existe un alto riesgo de que este acuerdo por la paz termine naufragando, como tantas otras iniciativas por el estilo, lo que no es una buena noticia para el país.