La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general por 59 votos a favor -hubo 38 en contra y 19 abstenciones- el proyecto de ley que elimina las sanciones por el no uso del dispositivo Tag en aquellas vías concesionadas. La iniciativa, por haber sido objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, pero estas no cambian el fondo de esta iniciativa, que supone un drástico cambio en las reglas sobre las cuales descansa el sistema de concesiones en Chile.

Los defensores de este proyecto de ley -que fue presentado por el diputado Jaime Mulet (FRVS)- argumentan que el propósito de la iniciativa no es eliminar ni las concesiones ni los telepeajes, sino que lo que se persigue es eliminar la sanción contemplada en el artículo 114 de la Ley de Tránsito a aquellos automovilistas que no porten el Tag, por estimar que dicha sanción es asimétrica y que fue impuesta por el Estado de manera injusta. Han señalado además que las concesionarias igualmente podrán perseguir el cobro de los peajes, de modo que no hay afectación de las operaciones concesionadas.

Es fácil advertir cómo los diputados se han dejado llevar por pulsiones populistas e irresponsables, desoyendo totalmente las advertencias de que con este paso se está poniendo en grave riesgo el sistema de concesiones y el país está dando una muy negativa señal para efectos de promoverse como un destino seguro para las inversiones, toda vez que se están alterando aspectos esenciales de los contratos que el Estado suscribió con las empresas concesionarias, sin establecer mecanismos que compensen los eventuales daños, lo cual expone a Chile a enfrentar futuras demandas en instancias internacionales.

Desde luego es lícito revisar si acaso el diseño de las multas es perfectible, pero en todo caso no parece constituir un problema para la gran mayoría de los usuarios, pues considerando el total de transacciones que cada año se generan en las autopistas concesionadas, los infractores no superan el 3%. En vez de buscar soluciones concretas y acotadas -un ejemplo fue la ley que permitió rebajar en 80% el monto de las multas por el no uso del dispositivo-, en cambio se ha optado por eliminar la aplicación de multas. Al dejar sin sanción previsiblemente podría aumentar la tasa de no pago, afectando los ingresos de la operación, pero a la larga también puede llevar a que los importantes avances que se han producido en beneficio de los propios usuarios, como la agilización del flujo vehicular gracias al “free flow”, se tengan que revertir para volver al cobro manual de los peajes.

El sistema de concesiones lleva aplicándose por espacio de tres décadas en el país; es uno de los sistemas más efectivos de alianza público-privada que se podrían encontrar. Los más de cien contratos que se han suscrito no solo contemplan autopistas, sino también aeropuertos y otros servicios, representando inversiones por cerca de US$ 30 mil millones, que le han permitido al país contar con infraestructura de primer nivel. Clave en este desarrollo ha sido la estabilidad de las reglas que rigen esta actividad, y es precisamente lo que el paso que se ha dado en la Cámara de Diputados está poniendo en entredicho. Una vez que este proyecto pase al Senado es fundamental que en dicha instancia se ponderen adecuadamente las implicancias de esta iniciativa y se evite exponer al país a semejantes riesgos.