Apenas conocida la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la cual instruye a las empresas distribuidoras iniciar en abril el proceso para efectuar el cobro de los saldos pendientes asociados al Valor Agregado de Distribución -monto que estimó en $736 mil millones, y que deberá ser restituido por los clientes en un máximo de 48 cuotas iguales-, el biministro de Economía y Energía sorprendió al proponer una fórmula de pago distinta de la que indicó el regulador, buscando que esta sea solidaria para que los sectores más vulnerables no paguen este incremento. Así, la autoridad planteó una propuesta de pago con tarifa única -estimada en $1.450, lo que sería posible al establecer un cargo único por unidad de $8 por kWh- y un subsidio para el 40% de los hogares más vulnerables. La idea, dijo, es replicar el mismo modelo que se definió para solventar la millonaria deuda con las generadoras, que también contempló un subsidio a los hogares más vulnerables.

Desde luego, el solo anuncio de la SEC ha sido aprovechado en forma oportunista por algunos parlamentarios para denunciar una “nueva alza en las cuentas de la luz”, presentándolo con características de escándalo, en circunstancias que se trata de la restitución de una deuda que se había generado tanto con las empresas generadoras como con las distribuidoras a raíz de un congelamiento de tarifas en 2019 producto del estallido social y que se prorrogó en los años de pandemia, todo lo cual se enmarca dentro de un esquema que aprobó el propio Congreso.

De modo que si bien no hay nada que reprochar en que se esté dando curso a este proceso, en cambio sí es legítimo preguntarse por la pertinencia de que la SEC haya emitido su resolución justo ahora, en la antesala de un cambio de gobierno y en pleno receso legislativo -lo que además deja un margen muy estrecho para evaluar antes de abril cualquier propuesta alternativa-, como también por los alcances de la fórmula que busca proponer el ministerio, los que podrían ser mucho más complejos de lo que aparentan.

Al respecto, cabe considerar que la Contraloría recién pudo tomar razón en abril pasado del decreto que fijó para el período 2020-2024 las fórmulas tarifarias a los suministros de precio regulado efectuados por las distribuidoras, y solo entonces la SEC estuvo en condiciones de iniciar el proceso de reliquidación para determinar cuánto es lo que se adeudaba a las distribuidoras y los montos que le corresponderá pagar a cada cliente, o recibir una restitución si es que hubiese un saldo a su favor. Se trata de un proceso que sin duda requiere de tiempo, pero un plazo de más de nueve meses parece cuando menos excesivo y la SEC debería aclarar por qué su resolución no se pudo dictar antes. Es evidente que mientras ello no se despeje se alimentarán las suspicacias de que pudieron tenerse a la vista consideraciones de orden político para dilatar dicha resolución y así evitarle al gobierno el costo de aparecer con una nueva alza de las cuentas de luz, lo que es complejo para un organismo que se supone tiene un perfil técnico.

Lo cierto es que producto de esta tardanza ahora habrá que discutir en muy poco tiempo la propuesta que ha esbozado el ministerio, algo que parece imposible. Al respecto, es necesario contrastarla con lo instruido por la SEC, cuya resolución desde luego se ajusta a los procesos de reliquidación establecidos en la ley, de modo que cada cliente se hace cargo de su propia deuda o bien recibe un reembolso en caso de que exista un saldo a su favor. Se trata de un mecanismo transparente, objetivo y donde no hay subsidios cruzados.

La fórmula que ha propuesto el gobierno, en cambio, es totalmente distinta, y sus ventajas de momento no son evidentes para la ciudadanía. Si bien todavía falta por conocer una serie de detalles, deben evaluarse con exhaustividad los posibles efectos de la aplicación de un cargo fijo asociado al consumo con el fin de “socializar” la deuda y solventar un subsidio. Desde luego, se echa de menos en esta discusión un debate más a fondo sobre la pertinencia de introducir nuevamente subsidios, en circunstancias que los hogares más vulnerables ya recibieron el beneficio de pagar menos por su cuenta de luz. Con todo, si la autoridad insiste en ello, debe asegurarse de que no sea a costa de recargar al resto de la economía, con todas las implicancias que ello conlleva, pero la propuesta del Ejecutivo, en los términos que se han conocido, sugiere que esos efectos no son descartables.

Por de pronto, la autoridad ha señalado que dicho subsidio no tendrá impacto fiscal, porque el mayor IVA que se recaudaría producto del aumento de las tarifas excede el costo de entregar el beneficio, estimado en unos $15 mil millones, de modo que estaría “financiado”. Esta forma de plantearlo resulta engañosa, porque destinar ese mayor IVA a un pago específico no solo eventualmente podría reñir con disposiciones constitucionales que impiden un destino específico de los tributos, sino que además oculta que se está artificialmente subiendo la cuenta de la luz de algunos sectores para solventar la ayuda a los hogares más vulnerables, lo que en modo alguno corresponde a la lógica de un subsidio -que debería ser financiado con fondos generales-, asimilándose más bien a un impuesto encubierto, lo que debería ser transparentado.

Aun cuando un cargo fijo puede aparecer como algo muy menor, no debería perderse de vista en el análisis que esta forma de pagar la deuda posiblemente beneficie a los hogares con bajo consumo de energía -de modo que al final podrían pagar menos por su deuda-, y en cambio los hogares y empresas con mayor consumo de energía eventualmente paguen más de lo que deben, además de considerar que en algunos casos, pudiendo corresponder devoluciones, igualmente terminen pagando un cargo fijo, lo que desde ya no sería justo.

Pero ciertamente lo más relevante es ponderar mucho más acuciosamente los efectos que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas el hecho de pudieran ser recargadas con tarifas más altas de las que eventualmente les habría correspondido. Cabe considerar que la cuenta de la energía ya ha experimentado un incremento significativo en el último tiempo, de modo que es necesario tener claridad de si el aumento de costos que implicaría estos recargos podrían repercutir en menores contrataciones o alzas de precios en los productos y servicios. De ser así, es evidente que lo que aparenta ser un beneficio diseñado para favorecer a los más vulnerables terminaría jugándoles en contra.

Así, requiere una explicación más a fondo del Ejecutivo por qué en vez de implementar el esquema de pago instruido por la SEC y aplicar un subsidio directo, en cambio se opta por una fórmula que, en la manera que ha sido planteada, podría conllevar costos importantes para la economía. Esto no hace más que reafirmar la relevancia de que una propuesta con tales alcances sea analizada con la debida calma, y lo poco responsable que resulta tener que tramitarla contra el tiempo.