El 29 de diciembre, el fuego consumió cientos de hectáreas en el sector oriente de la capital. San Carlos de Apoquindo fue uno de los sitios más afectados, lo que llevó a temer, incluso porque se propagara hasta el Claro Arena, el flamante estadio de Universidad Católica. El recinto de Cruzados salvó ileso de la contingencia.

Sin embargo, Universidad Católica también lamentó las consecuencias. El Club Deportivo, la entidad matriz de la institución cruzada, lamentó la quema de 800 hectáreas del predio que mantiene en el sector. El daño es millonario.

800 hectáreas afectadas: Universidad Católica se querella por incendio que afectó su predio en San Carlos de Apoquindo

La UC fue a la justicia. Representada por el abogado Óscar Spoerer, interpuso una querella criminal en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. “Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 111 y siguientes del Código Procesal Penal, interpongo querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, por la comisión de los delitos de encender fuego o utilizar fuentes de calor en lugares no autorizados en áreas silvestres protegidas, y de incendio negligente en terrenos rurales o urbanos/semiurbanos destinados a uso público, previstos y sancionados en los artículos 22 bis y 22 ter del Decreto Ley N° 4.363 (Ley de Bosques), responsables como autores, cómplices o encubridores”, consigna el escrito, al que accedió El Deportivo.

“El Club es dueño del inmueble donde se originó y se propagó el siniestro materia de esta querella, correspondiente a la “Parcela Trece C”, formada por el resto de los Lotes Dos A y Tres del plano de subdivisión denominado “Modificación de subdivisión y Fusión de Parcelas Loteo San Carlos de Apoquindo”, ubicado en la Página 1 de 9 comuna de Las Condes, Región Metropolitana. El dominio se encuentra inscrito a nombre del CDUC a fojas 41.328, número 57.204, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2025, inscripción vigente al 07 de mayo de 2025″, explica al tribunal, en los antecedentes preliminares.

“En su calidad de propietario, el Club tiene la obligación y el interés jurídico directo en proteger la integridad del inmueble, su cobertura vegetal, la infraestructura existente y proyectada, así como la seguridad de las personas que transitan por el sector incluidos deportistas, senderistas, visitantes y vecinos, razón por la cual detenta legitimación activa como víctima directa de los delitos investigados”, añade.

Los daños

El escrito aborda los daños que sufrió la propiedad del club estudiantil. “El incendio se propagó con rapidez, afectando una superficie superior a 800 hectáreas al interior del predio de propiedad del Club, lo que implicó la restricción de accesos, el despliegue de recursos de emergencia y la adopción de medidas para resguardar la integridad de personas, instalaciones y bienes, incluyendo evacuaciones preventivas y control de tránsito en sectores sensibles”, detalla.

“El incendio además tuvo como consecuencia una afectación profunda y generalizada del entorno natural, expresada en la eliminación de amplias superficies de vegetación nativa propia del sector precordillerano y en un deterioro sustancial del suelo, evidenciado en la pérdida de su capacidad biológica, la erosión de sus capas superficiales y la alteración de su estructura natural. Se trata de daños característicos de este tipo de eventos de elevada intensidad, cuyos efectos no se agotan en el corto plazo, sino que comprometen de manera prolongada los procesos de regeneración del ecosistema”, agrega.

“La ocurrencia del incendio generó, además, perjuicios económicos relevantes y previsibles, derivados de la pérdida de recursos naturales cuya recuperación es Página 5 de 9 inexistente o de muy largo plazo; de los altos costos asociados a las labores de contención, combate, enfriamiento y vigilancia del fuego; de la obligación de implementar medidas de restauración ambiental, reforestación y recuperación de suelos degradados; de la limitación efectiva al uso y disfrute del territorio por parte de la Fundación y de la comunidad; y de la disminución sustancial del valor ambiental, ecológico y funcional de las zonas siniestradas”, amplía.

“El conjunto de estos daños, tanto ambientales como económicos, reviste un carácter grave, extensivo y persistente en el tiempo, cuya cuantificación precisa requiere necesariamente de peritajes técnicos, informes especializados y evaluaciones ambientales, destinados a establecer con exactitud el alcance de los perjuicios ocasionados”, refuerza.

“En cuanto al grado de desarrollo, los ilícitos se encuentran en grado de consumados, por cuanto el fuego se propagó efectivamente, generó daño y puso en peligro real y concreto bienes jurídicos relevantes, tales como el patrimonio del querellante, el medio ambiente del sector y, especialmente, la vida e integridad de personas y bienes de terceros”, justicia

Respecto de la búsqueda de culpables, sostiene que forma parte de las indagatorias. “La participación penal de quienes resulten responsables deberá determinarse con arreglo a la investigación, sin perjuicio de que, atendidos los indicios iniciales, Página 7 de 9 podría configurarse autoría o participación en los términos del artículo 15 del Código Penal, cuestión que corresponde establecer mediante diligencias policiales y peritajes especializados”, concluye.