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Álvaro Bellolio acusó "falta de voluntad" del gobierno de Boric para concretar expulsiones de migrantes irregulares.

Incluido el avión que despegó este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones detalló que hasta la fecha se han materializado 920 expulsiones: 326 administrativas y 594 judiciales.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, indicó que en lo que va del año han materializado 856 expulsiones: 283 administrativas y 573 judiciales.

Con precios que van desde los $ 220 mil a $1 millón por cada acción legal, diversos estudios de abogados y profesionales particulares venden a los migrantes la esperanza de apurar sus trámites a través de la justicia.

En lo que queda de este año, pese a que RN ha exigido la salida de 12 mil extranjeros, el Ejecutivo está en condiciones de materializar la expulsión de 262 personas. Durante el próximo año, en tanto, se expulsaría a alrededor de 2.400, aunque si las gestiones de Manuel Monsalve en Venezuela rinden frutos positivos, el número podría aumentar.

Este proceso lo deben realizar extranjeros mayores de 18 años que, hasta el 30 de mayo de este año, hayan ingresado al país evitando el control migratorio o por un paso no habilitado y vivan en Chile actualmente.

Según el Servicio Nacional de Migraciones, el año pasado hubo 12.144 cartas de nacionalización. Además, es el tercer año con la mayor cantidad de cartas de nacionalización que se han otorgado desde 2013 llegando a 1.966, mientras que el primero fue 2017, con 2.983 y el segundo 2021, con 2.973.

Pese a que las autoridades reconocen un "rezago histórico" en esta materia, desde el Sermig dicen estar trabajando para normalizar la resolución de solicitudes. Expertos valoran lo hecho, pero ponen énfasis en que no basta para controlar los flujos migratorios que se han presentado en los últimos años.

El gobierno contrató a Estelar Agencia de Viajes, una aerolínea venezolana, para un vuelo chárter de Santiago a Caracas por $190 millones y así expulsar a 60 personas de nacionalidad venezolana.

Conoce el detalle sobre el trámite dirigido a extranjeros residentes del país.

En medio de los cuestionamientos por la baja de las expulsiones administrativas, el director del Servicio Nacional de Migraciones ha optado por sumergirse en el trabajo de lo que será la política que instalarán para los próximos cuatro años. Ahí definirán criterios para regularizar a “ilegales” y también lo referente a quiénes acceden a visas.

Si en 2021 se concretaron 667 expulsiones por la vía judicial y 246 por la administrativa, hasta septiembre de este año las cifras llegan a 881 y 17, respectivamente. El descenso de un periodo a otro en las de segundo tipo, dicen las autoridades, se debe a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones, que hizo todo “más burocrático”. Según los datos de la PDI, en 2022 los más deportados son bolivianos, colombianos, peruanos y venezolanos.

La bancada de RN denunció que el presupuesto de Migraciones para el próximo año se reducía en más de un 50%. Sin embargo, el director de esa repartición, Luis Thayer, asegura que eso tiene una explicación técnica, algo en lo que, de hecho, también está de acuerdo el propio exdirector del servicio, Álvaro Bellolio. Sin embargo, este último sí cree que la actual administración despotenciará las oficinas regionales y lanza una advertencia al respecto.

A más de dos meses de que la administración del Presidente Gabriel Boric anunciara que buscarían modificar la Ley de Migraciones aprobada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, y en medio de duros cuestionamientos, la Segpres ultima los detalles de dos iniciativas legales que flexibilizarán la expulsión de extranjeros. Asimismo, el Ejecutivo prepara un protocolo que permitiría retomar reconducciones de inmigrantes que ingresaron a territorio nacional por pasos no habilitados desde Bolivia.

Este lunes, el director nacional del servicio, Luis Thayer, recibió una buena noticia luego de que la justicia alzara la suspensión que decretó la Corte de Concepción la semana pasada. Pese a esto, la repartición sigue enfrentando dificultades. Hace poco fueron notificados de la apertura de juicios de cobranzas por parte de la Tesorería Regional Metropolitana por el no pago de sanciones cursadas en 2021, y por eso hoy buscan establecer responsabilidades e identificar posibles negligencias en la administración pasada.