El desprecio justo

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La Librería Popular de Recoleta quiere facilitar un acceso eficiente a la compra de libros, considerando legítimamente que poseer libros en casa es distinto a pedirlos prestados en una biblioteca pública. Sin embargo, al señalar que lo que se hace es vender libros a un "precio justo", inmediatamente surge la pregunta por qué sería un precio injusto, y dónde trazamos la línea respecto de las utilidades justas e injustas.


La apertura de una Librería Popular en Recoleta ha reinstalado, en buena hora, el debate respecto del precio de los libros en Chile. La Librería ofrece, de manera permanente, descuentos que oscilan entre el 40% y el 70% en relación con los precios de librerías tradicionales. El mecanismo que permite esta diferencia es que Recoletras (así se llama la Librería Popular) compra directamente a las editoriales, sin intermediación de distribuidores, y que el costo de operación de la librería es solventado por el municipio. De este modo, el beneficio se traspasa directamente a los lectores, quienes pueden acceder a libros a menores precios.

La iniciativa es, a todas luces y especialmente en comunas donde no existen librerías, como es el caso de Recoleta, algo que debemos aplaudir. No así el mecanismo escogido que, en rigor, escamotea las condiciones de la edición, circulación y venta de libros en Chile. Para explicarlo, quisiera señalar cómo se desglosa el precio de un libro entre los distintos eslabones que componen la cadena editorial.

Supongamos que un libro tiene un precio de venta a público (PVP) de $ 11.900. Su valor neto, descontado el IVA, es $ 10.000. De esos $ 10.000, el 40% va al editor (porcentaje que también comprende el derecho de autor -10%-, cuyo pago es responsabilidad de la editorial), el 20% al distribuidor (porcentaje que puede variar, pero generalmente no de manera significativa) y el 40% a la librería. Ninguno de estos porcentajes es mera utilidad, pues en cada caso es necesario cubrir los costos fijos de operación. La editorial produce un libro (lo edita, lo diseña, lo diagrama, lo corrige, lo hace imprimir), tras lo cual determina un precio de venta sugerido y lo entrega al distribuidor. La labor del distribuidor consiste en posicionar los libros en distintas librerías, asegurar en la medida de lo posible su exhibición, facturar las ventas y recaudar lo vendido. La librería recibe el libro, idealmente respetando el precio sugerido por el editor, y obtiene por cada ejemplar vendido el porcentaje ya señalado. Así, se protege el ecosistema editorial: se minimizan las variaciones de precio –las alzas arbitrarias, pero también los descuentos excesivos–, de modo que un mismo libro puede adquirirse siempre al mismo valor.

El mecanismo de precio fijo (o precio de tapa) que existe en países como Argentina y España, es algo por lo que diversos actores de la sociedad civil han abogado, con el objetivo justamente de "garantizar un precio justo al consumidor y proteger a las pequeñas librerías" (Política Nacional del Libro y la Lectura, 2006). Sin embargo, la discusión no ha prosperado y lo que existe es un acuerdo de precio sugerido, que hasta ahora permite la coexistencia orgánica y colaborativa de editoriales, distribuidoras y librerías. Estas últimas, en lugar de preocuparse por tener libros más baratos que "la competencia", buscan diferenciarse en función del público al que quieren llegar: lectores de novelas, ensayo, poesía, best-sellers, literatura infantil y juvenil, libros técnicos, de arte, de cocina.

La Librería Popular de Recoleta quiere facilitar un acceso eficiente a la compra de libros, considerando legítimamente que poseer libros en casa es distinto a pedirlos prestados en una biblioteca pública. Sin embargo, al señalar que lo que se hace es vender libros a un "precio justo", inmediatamente surge la pregunta por qué sería un precio injusto, y dónde trazamos la línea respecto de las utilidades justas e injustas. ¿Son más justas las utilidades de una editorial que las de una librería o las de una distribuidora de libros? ¿No se está, como dije al principio, escamoteando las condiciones de edición y venta de libros en Chile, al emplear un mecanismo que sólo afecta a un eslabón de la cadena, pero que no problematiza realmente las condiciones de producción editorial? Evidentemente, no es tarea de Recoletras resolver esa cuestión. Pero el mecanismo para llegar a este "precio justo" sí contribuye a instalar cierta percepción respecto de por qué los libros cuestan lo que cuestan, enfocando la atención –y la responsabilidad– en la librería, que aparece como un negocio fundado en el sobreprecio. Lo que debemos aquilatar es hasta qué punto las estrategias para fomentar el acceso al libro (que no es lo mismo que fomentar la lectura), terminarán fracturando una cadena que ya es, y así lo demuestra Recoletras, tremendamente frágil.

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