Autoridades y colaboradores del gobierno estiman, en cálculo rápido, que deben ser más de 30 las querellas por delitos de derechos humanos presentadas contra las máximas autoridades del Ejecutivo. Entre ellos, quienes más se reiteran son el Presidente Sebastián Piñera, el exministro del Interior Gonzalo Blumel y el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.

El denominador común son los casos de presunta violencia policial en el control de manifestaciones en la Región Metropolitana, especialmente en el epicentro de las protestas, Plaza Italia. La Fiscalía Regional de Valparaíso, incluso, mantiene abierta una investigación -originada a partir de este tipo de querellas- que indaga presuntos crímenes de lesa humanidad, denunciados por diversas asociaciones de derechos humanos.

Por ser hechos que ocurren en el centro de Santiago, los tribunales donde recaen la mayor cantidad de querellas son en el Séptimo y Octavo Juzgado de Garantía. Y es precisamente por una reciente resolución del primero que autoridades policiales y de gobierno se han sentido aliviadas.

El 19 de febrero, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) presentó una querella contra Piñera, Blumel y Rozas. En la acción judicial se les imputaron delitos de “mutilación y/o lesiones graves gravísimas”, ya sea en calidad de autores, cómplices y/encubridores, por el caso de un joven que el 20 de marzo resultó lesionado por la acción de un carro lanzaguas en el centro de Santiago.

“Acudieron en mi rescate varios voluntarios de la brigada de salud. Mientras trataban de sacarme del lugar, carabineros nos gaseaba intensamente, luego me trasladaron al GAM, donde me prestaron los primeros auxilios y trataban de contenerme (...). Ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar fue a prestar ayuda, y se quedaron en el lugar solo reprimiendo, como si nada hubiese sucedido”, se relató en la querella.

La semana pasada, el tribunal de garantía resolvió la querella. La acogió a trámite y remitió los antecedentes al Ministerio Público, pero dejó un precedente respecto de la individualización de las autoridades presentes en la querella: “Sin perjuicio de no compartir, por ahora, la legitimación pasiva que alude la querella interpuesta respecto del Presidente de la República, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, del exministro del Interior y Seguridad pública don Gonzalo Fernando Blumel Mac Iver y exgeneral director de Carabineros de Chile don Mario Alberto Rozas Córdova, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en cuanto a los ilícitos que se mencionan en la querella, se resuelve (...): se admite a tramitación la querella interpuesta en contra de todos los que resulten responsables”, dice.

Reacciones

La resolución, para el gobierno, podría servir de piedra angular para el futuro de los casos que se tramitan contra el Presidente y el resto de sus ministros, pues fija un criterio que no tenían en sus papeles. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “el tribunal es claro en distinguir entre una acción penal y una acción política. Hay que saber quién es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene un claro propósito político, y lo que busca en este caso es dañar políticamente a las autoridades. En cambio, el tribunal se hace cargo del fondo de la querella, donde no tenemos ningún problema con que se indaguen responsabilidades de las personas en un hecho punible, pero esto lo que busca es dañar a las autoridades”, dijo.

El abogado defensor de Blumel, Eduardo Riquelme, sostuvo que “nos parece correcto que el tribunal establezca una exigencia de algún antecedente para aceptar a trámite una querella contra las autoridades más altas de la República, puesto que a simple vista pareciera que el único fundamento es precisamente el cargo público que ostentan, lo que implicaría atribuir una responsabilidad penal objetiva, lo que es inconstitucional”.

Por su parte, Carlos Margotta, presidente de la CCHDH, explicó que “es una resolución equivocada, pero no quisimos presentar un recurso de reposición, porque es una materia que se tiene que investigar. La investigación que el Ministerio Público haga -a raíz de esta querella- dirá si hubo o no responsabilidades”.