El retorno del burka: el nuevo desafío de los talibanes contra las mujeres afganas

Una niña sentada frente a una panadería, en medio de un grupo de mujeres afganas esperando para recibir pan en Kabul. Foto: Reuters

Decretada por el régimen fundamentalista hace una semana, la imposición de este velo de cuerpo completo viene a sumarse a la larga lista de restricciones que los talibanes han establecido desde la caída de Kabul, en agosto de 2021, y pese a su promesa de respetar los derechos de las mujeres durante su segundo régimen.




Justificándose en la Sharia, los gobernantes del ahora Emirato Islámico de Afganistán volvieron a imponer el uso del burka a las mujeres del país. La prenda, que cubre el cuerpo de pies a cabeza, y que tiene una rejilla en la sección de los ojos, ya era habitual en los sectores más rurales del país. El hiyab, más usado en las ciudades y que cubre la cabeza y los hombros, ya no será suficiente para circular por el espacio público.

El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, encargado de implementar las reglas islámicas en el país, publicó un decreto en que las mujeres que no sean “ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores deberían tener la cara tapada, con excepción de los ojos, según las recomendaciones de la Sharia para evitar cualquier provocación hacia los hombres”. Del mismo modo, el texto se justifica diciendo que “las mujeres deberían llevar burka, porque es respetuoso y tradicional”. Para reforzar más la medida, la norma sugiere que las mujeres no deberían salir de casa a menos que sea necesario, y describe los castigos que sufrirán los familiares hombres de la mujer que viole el código, que van desde un llamado de atención hasta días en la cárcel.

Desde su llegada a Kabul en agosto de 2021, luego de la retirada de las fuerzas de intervención norteamericanas, el régimen talibán ha establecido una serie de restricciones a las afganas, que van desde la segregación de espacios públicos hasta el fin de la educación a las adolescentes. En el período del Primer Emirato Islámico, cuando los talibanes condujeron el país desde 1996 hasta 2001, las mujeres habían sido confinadas a las casas e impedidas de trabajar. Veinte años después, muchos temen que el actual gobierno vaya en la misma dirección.

Una mujer vistiendo una burqa mientras camina en un mercado de pájaros mientras sostiene a su hijo en el centro de Kabul. Foto: AP

Vuelta a 1996

Lo había dicho un portavoz de los talibanes, dos días después de la caída de Kabul: “Vamos a permitir que trabajen y estudien dentro del marco de la ley islámica”, prometió el nuevo régimen en una conferencia de prensa, hablándole tanto al país como a la comunidad internacional, de la que Afganistán depende económicamente. “Nuestras mujeres son musulmanas, y también estarán contentas de vivir bajo la Sharia”, dijo entonces el vocero, junto con anunciar una amnistía para quienes hubiesen colaborado con el gobierno derrotado y los norteamericanos.

En estos meses, todos los índices apuntan a un empeoramiento de las condiciones de vida en el país centroasiático: la desnutrición y el hambre afectan a 23 de los 40 millones de habitantes, y luego del bloqueo de las ayudas internacionales, que comprendían el 75% del presupuesto estatal, el sistema de salud pública se debilitó profundamente. Para mediados de este año, apunta el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el 97% de los afganos vivirá bajo la línea de la pobreza. En este contexto de colapso económico y sanciones internacionales, de las 5.000 empresas que existían en Afganistán para julio de 2021, 2.000 de ellas han cerrado.

En enero de este año, en busca de cierto reconocimiento internacional, y sobretodo necesitados de las ayudas económicas, un grupo de diplomáticos talibanes liderados por el ministro de Asuntos Exteriores Amir Khan Muttaqi fue a Oslo, donde con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea discutieron la situación humanitaria en Afganistán. En ese contexto, la activista por los derechos de las mujeres Hoda Khamosh los enfrentó por la desaparición de las también activistas Tamara Zaryabi y Parawana Ibrahimkhel: “Tomen el teléfono ahora, llamen a Kabul y pidan que las liberen de inmediato”.

En entrevista con La Tercera, Khamosh se refirió a la situación de su país desde que los talibanes llegaron al poder. “Hacen muchas promesas, pero no se espera que las cumplan (...) No han hecho nada sino violar derechos humanos, privar a las mujeres de sus derechos y matar durante estos meses”, señala desde Oslo, donde vive desde que participó en las conversaciones.

Una mujer afgana recibe una ración de comida en Kabul. Foto: AP

La obligatoriedad del burka ha sido una de las más bulladas medidas, pero es una más entre una serie de restricciones dirigidas particularmente a las mujeres. Ya en diciembre, el mismo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio les prohibió el viajar sin velo y sin acompañante masculino.

“No ha habido ningún cambio en la mentalidad de los talibanes, y tal como en 2001, quieren mantener a las mujeres en casa. Han cerrado los estudios y los trabajos para las mujeres, al tomar Kabul. Ahora no solo impiden las actividades de las mujeres, sino que las obligan a usar hiyab, y toman ventaja de su debilidad, que es la familia, forzándolos a actuar del modo en que ellos piensan”, apunta Khamosh.

El 23 de marzo, el día en que se esperaba la vuelta a clases de las estudiantes de secundaria, los talibanes se retractaron inmediatamente, impidiendo el desarrollo de estas. “Las escuelas de mujeres permanecerán cerradas hasta que elaboremos un plan conforme a la ley islámica y la cultura afgana”, indicaron entonces las autoridades talibanas, en un país donde todos los colegios están segregados por género. Esta decisión, que fue tomada a última hora por Hibaitullah Akhunzada, el líder supremo de los talibanes, evidenció las diferencias al interior del mismo grupo: muchos funcionarios ya habían dicho desde hace semanas que sí se abrirían las escuelas para las niñas.

Un exasesor del régimen talibán, Torek Farhadi, comentó a The Associated Press la situación al interior del gobierno: “Los líderes no están de acuerdo en una serie de asuntos, pero todos saben que si no se mantienen unidos, todo podría desmoronarse (...) En ese caso, podrían comenzar enfrentamientos entre ellos”.

La posibilidad de educarse había sido uno de los grandes cambios que, luego de la intervención norteamericana en 2001, se había producido en Afganistán. Shanthie Mariet D’Souza, analista internacional del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, indica: “Durante esos años -entre 2001 y 2021-, hubo grandes avances, particularmente en los ámbitos de educación y oportunidades de empleo, mayoritariamente en las ciudades. Las vidas de las mujeres de áreas rurales, en cambio, se mantienen casi igual a como eran en la etapa talibán”.

Ya a principios de mayo las autoridades de tráfico en la ciudad de Herat habían dejado de extender permisos de conducir a las mujeres: “Hemos recibido instrucciones verbales de no entregar más permisos, pero no impedir que las mujeres que ya disponen de él puedan seguir al volante”, declaró a France Presse el director de tráfico de la ciudad, Jan Agha Achakzai.

Un conductor de taxi y dos mujeres cubiertas con burqa en la ciudad de Herat. Foto: AFP

La mayoría de las segregaciones, en lo que ha sido calificado como un “apartheid de género”, ocurren en el ámbito del espacio público. En los parques de Kabul, por ejemplo, se obliga a mujeres y hombres a ir en días separados. “Le hemos dicho a las mujeres que visiten los parques los jueves, viernes y sábados. Los otros días son para que los hombres vayan a pasear o ejercitarse”, señaló Riazullah Seerat, un funcionario del Ministerio de la Promoción de la Virtud. Como última noticia, este jueves el mismo funcionario anunció que los hombres y las mujeres deberán ser segregados en los restoranes.

“Ahora todas las mujeres están en sus casas, como en el primer régimen de los talibanes, y no tienen nada que hacer. En una sociedad tradicional como la de Afganistán, en estos contextos la violencia doméstica aumenta, y se obliga a las mujeres a casarse. El suicidio está en alza”, comenta Khamosh al respecto, indicando que muchas mujeres que han protestado contra esto han sido detenidas por los talibanes.

Además de las restricciones a las mujeres, la situación se ha vuelto difícil también para la minoría chiita del país, que representa el 9% de los musulmanes del país, comparado con el 90% de los sunitas. La etnia hazara, también minoritaria, es principalmente chiita, y en los últimos meses han sufrido ataques terroristas: particularmente en colegios y centros de apoyo. Este 19 de abril, una serie de atentados en Kabul cobró la vida de seis personas y dejó al menos 25 heridos. “La violencia, los asesinatos selectivos y el desalojo de los servicios gubernamentales indican algo. Los ataques a los hazaras en abril son reveladores y preocupantes. Los ingredientes abundan para que Afganistán descienda a una guerra civil”, opina D’Souza.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.