Hace algunos días se aprobó la nueva extensión al plano regulador del Gran Santiago: a la actual superficie se sumaron casi 10.000 hectáreas nuevas, donde terrenos que antes eran de uso agrícola, -muchos de ellos de gran calidad agraria- pasan ahora a ser suelos aptos para la construcción.

Independiente de que el intendente de Santiago, quien lleva a votación el proyecto, tenga vínculos muy cercanos con el mundo de la construcción -antes de asumir como intendente fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción-, y que suelos antiguamente definidos como inundables ahora son aptos para casas y de que la vivienda social se proyecta en la periferia de la ciudad, nuevamente se ha perdido la oportunidad de discutir sobre calidad de vida versus cantidad de metros. Numerosos grupos se opusieron al proyecto, entre ellos el Colegio de Arquitectos.

La gran explicación de por qué esto es necesario, es que 1.6 millones de personas más de aquí a 2030,  estarán viviendo en Santiago y se necesitan los metros; si en vez de buscar otras opciones a esta posibilidad se pavimenta el camino para que ello ocurra, obviamente ocurrirá, y quizás antes de esa fecha. Pero, ¿cuál será el costo? ¿Existe la posibilidad de tener una capital más integrada socialmente y un poco más transversal? ¿Cuántas horas tendrán que destinar a movilizarse los sectores más vulnerables si se insiste en ponerlos en los anillos más extremos de la ciudad? Existe la opción real de que en algún momento se descentralice Santiago si, al revés, se está invitando a que más gente se traslade a él.

Como revista estamos investigando sobre el tema, de manera de poder presentar las distintas aristas, por lo que esta editorial es solo una introducción al tema.