En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.

La exmandataria de centroizquierda (2007-2015), principal opositora del gobierno ultraliberal de Javier Milei, fue condenada en 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.

Se trata de la primera expresidenta en tener una condena por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre, indicó el diario La Nación.

La defensa de Kirchner, de 72 años, puede solicitar a la justicia la prisión domiciliaria por ser mayor de 70. De concedérsele, podrá cumplir la condena en Buenos Aires o en Santa Cruz, donde tiene domicilio.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.

La exmandataria acusó de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces en la llamada “causa Vialidad”, y señaló al gobierno de querer proscribirla políticamente.

El Presidente Milei celebró la decisión: “Justicia. Fin”, escribió en la red X.

Según constató la agencia France Presse (AFP), frente a la sede del Partido Justicialista, presidido por Kirchner, cientos de simpatizantes recibieron la noticia con la líder peronista, quien salió inmediatamente a la calle después de conocido el fallo.

“El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”, dijo la también vicepresidenta entre 2019 y 2023.

Entre la multitud, algunos lloraban abrazados. “Siento bronca (rabia) e impotencia pero no hay que bajar los brazos, jamás hay que bajar los brazos”, indicó a AFP Karina Barberis, de 43 años. “Ahora se viene un caos total”.

Es “un escenario político nuevo”, sostuvo a la AFP el politógo e historiador Sergio Berensztein.

“Cristina hoy tiene un liderazgo acotado, no es la Cristina de 2019 (cuando ganó la vicepresidencia en la fórmula con Alberto Fernández), pero sigue teniendo relevancia. Su candidatura como diputada le servía por la protección de los fueros”, explicó.

La incógnita es saber si su encarcelamiento “puede derivar en una gradual marginación o su muerte lenta como líder política”, agregó.

El analista político Rosendo Fraga estimó, en conversación con AFP, que “Cristina va a crecer políticamente”, puesto que su detención ayudará a superar las divisiones internas que atraviesa el principal partido opositor.

“Será difícil para un peronista ponerse en su contra” si está encarcelada, señaló Fraga.

Kirchner es una acérrima crítica del gobierno de Milei, quien ha reiterado que le “encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina dentro”.

La denuncia original que derivó en esta causa la presentó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, mientras Cristina Kirchner era todavía Presidenta, explicó el diario La Nación.

La investigación buscaba determinar si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos sin terminar. El holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de las obras adjudicadas.

El diario explicó que los jueces consideraron como una prueba clave el decreto 54/2009, al que calificaron como un “instrumento para la maniobra criminal”.

Esa medida modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Así, según los jueces del proceso original, “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.

Además de Cristina Kirchner, se condenó a Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); entre otros. En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto junto con Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, exjefe de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.