La “descertificación” apunta a Colombia, pero deja claro que castiga a Gustavo Petro. Este lunes, la administración de Donald Trump agregó al país sudamericano en su lista de naciones que “fallan en cooperar” en sus esfuerzos contra el narcotráfico, en lo que es un hecho inédito después de 30 años. Este documento, que amenaza con consecuencias a la ayuda estadounidense en lugar, refleja un reciente aumento en la producción de cocaína, pero sobre todo las difíciles relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño.

Aun cuando el documento determinó que Colombia había “incumplido sus obligaciones internacionales antinarcóticos”, la administración Trump emitió una exención de las sanciones que habrían provocado importantes recortes de ayuda, alegando en ello intereses nacionales vitales para Estados Unidos. No obstante, representa un paso importante contra uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en Latinoamérica.

“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, declaró Trump en un memorando presidencial presentado al Congreso, apuntando así directamente a Gustavo Petro con la decisión. “Consideraré cambiar esta designación si el gobierno colombiano toma medidas más enérgicas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluyendo una mayor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”, indica el documento.

La ley estadounidense estipula que cada año el Presidente debe identificar a los países que “no han cumplido con sus obligaciones” en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos durante los 12 meses anteriores. Además de Colombia, la Casa Blanca incluyó a otros cuatro países (Afganistán, Bolivia, Myanmar y Venezuela) como los que no han cumplido con sus obligaciones internacionales. Con la excepción de Afganistán, la Casa Blanca determinó que la asistencia estadounidense a esos países era vital para los intereses nacionales y, por lo tanto, se les evitarían posibles sanciones, emitiendo un “waiver” o exención al respecto.

En el caso colombiano, el texto del documento deja claro que los motivos apuntan al Ejecutivo: sobre la paz total, el memorando asegura que “los intentos fallidos del Presidente de buscar acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.

El Jefe de Estado colombiano aseguró que la Casa Blanca lo que busca es tener un presidente títere: “Simplemente, Estados Unidos participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si desea un presidente títere, como aquel que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre y soberana”.

La última vez que Estados Unidos “descertificó” a Colombia fue en 1997, cuando los carteles del país, mediante amenazas y dinero, habían envenenado gran parte de las instituciones del país. En ese entonces, el presidente Ernesto Samper enfrentaba acusaciones creíbles de recibir contribuciones ilícitas de campaña por parte del ahora extinto Cartel de Cali. Para peor, en un avión que iba a utilizar para viajar a Nueva York a la Asamblea General de la ONU se hallaron 4 kilogramos de heroína.

Una vez que Samper dejó el cargo se produjo un cambio notable en la relación Washington-Bogotá. Sucesivas administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, han enviado desde entonces miles de millones de dólares en ayuda a Colombia para erradicar los cultivos ilegales de coca, fortalecer a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra los rebeldes y brindar alternativas económicas a los agricultores que se encuentran en los niveles más bajos de la industria de la cocaína.

El presidente Petro, él mismo un exrebelde de la guerrilla M-19, ha provocado la molestia de altos funcionarios de la Casa Blanca al denegar solicitudes de extradición estadounidenses, como hizo en junio de este año con guerrilleros vinculados al narcotráfico. En la misma línea, ha criticado la ofensiva migratoria del gobierno de Trump y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico en la vecina Venezuela.

“Bajo mi administración, Colombia no colabora en asesinatos”, dijo Petro el 5 de septiembre, tres días después de que el Ejército estadounidense llevara a cabo un ataque mortal contra una pequeña embarcación venezolana en el Caribe que, según la administración Trump, transportaba cocaína con destino a Estados Unidos.

De todos modos, de momento esta descertificación no tendrá consecuencias inmediatas, y es tomada como una advertencia de que podrían caer en cualquier momento. Respecto a posibles sanciones automáticas o uniformes, el documento indica que “su eventual aplicación queda a criterio del Presidente de EE.UU., en función de los resultados que el país acredite”.

Petro lamentó la decisión, asegurando que pasa por alto décadas de derramamiento de sangre por parte de las fuerzas de seguridad y la población civil colombianas, todo en nombre de la guerra contra el narcotráfico liderada por Estados Unidos. “Todo lo que hacemos no tiene nada que ver con el pueblo colombiano”, declaró el mandatario izquierdista durante un discurso televisado el lunes por la noche. ”Es para evitar que la sociedad estadounidense se embadurne la nariz para trabajar, trabajar y trabajar, porque esta droga es un estimulante", indicó.

Petro critica a Estados Unidos por “no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad”. “Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”, insistió.

Antes de esta decisión, distintos esfuerzos del gobierno habían ido en dirección de cambiar la idea de la Casa Blanca: se adelantaron gestiones diplomáticas, se propuso retornar a la aspersión aérea de cultivos ilícitos (inconstitucional desde 2015) y se sostuvieron reuniones con delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todo esto no evito la descertificación.

Mauricio Lizcano, exministro de Petro y precandidato a la Presidencia, aseguró que la decisión “es más política, en contra del gobierno, que en las consecuencias que va a tener nuestro país para tener los recursos para seguir luchando contra el narcotráfico”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del opositor Centro Democrático, criticó al Presidente: “El gobierno de Petro, el de la paz cocal, incumplió su deber de combatir el narcotráfico por estar contemporizando con los criminales que han mantenido sometido al pueblo colombiano. Por fortuna, EE.UU. mantiene la cooperación estadounidense en materia de antinarcóticos y abre la puerta a la revisión de la decisión”.

Un párrafo del texto resalta la responsabilidad de Petro en esta decisión, asegurando que las autoridades locales siguen colaborando en buena medida con Washington. “Las instituciones de seguridad de Colombia y las autoridades municipales continúan mostrando habilidad y valentía al enfrentar a los grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”, se lee en el memorando.

Esto viene de la mano con la visita de dos alcaldes colombianos, Federico Gutiérrez, de Medellín, y Alejandro Eder, de Cali, a Estados Unidos, que habrían ido a intervenir a favor de sus gestiones. Al respecto, Gutiérrez reconoció en X: “Pues aunque Colombia es descertificada deja abierta la puerta para el apoyo a nuestra fuerza pública, y resalta expresamente el reconocimiento que Estados Unidos les da a nuestra fuerza pública y alcaldes”.

Petro detiene compra de armas

En medio de estas tensiones con su principal socio militar, Colombia detuvo la compra de armamento a Estados Unidos en represalia a la decisión de Washington de retirarle la certificación como aliado antidrogas, anunció este martes el gobierno de Petro. En respuesta a esa decisión, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que “a partir de este momento (...) no se le comprarán armas a Estados Unidos”, en una entrevista con Blu Radio.

Visiblemente molesto y en medio de un consejo de ministros el lunes, Petro dio por terminada la “dependencia” de las Fuerzas Armadas colombianas a las “limosnas” y “regalos” de Estados Unidos.

“Al Ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un Ejército de soberanía nacional”, dijo junto a sus jefes de cartera tras anticiparse al anuncio de Washington.

En 2023 las armas importadas desde Estados Unidos representaron 1,2 millones de dólares, según el centro independiente Observatorio de Complejidad Económica.

En lo que va de 2025 Colombia ha incautado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del Ministerio de Defensa.

Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Esto representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.