El Gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa una propuesta para imponer nuevos aranceles a Nicaragua y suspender total o parcialmente los actuales acuerdos comerciales como represalia por la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que perjudica en términos económicos al país norteamericano.

La Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos ha concluido en un informe que el Gobierno de Daniel Ortega está perpetrando “abusos de los derechos laborales, abusos de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales” y “desmantelando el Estado de derecho”.

Este tipo de prácticas “poco razonables” implican “cargas o restricciones” para el comercio estadounidense, según el citado organismo, que toma como referencia la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, que permite a Washington examinar prácticas laborales y respeto de las libertades en un socio comercial.

Por todo ello, plantea “suspender” la aplicación de todos o parte de los beneficios de los que goza Nicaragua gracias al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), así como aranceles del 100 por cien sobre las importaciones de productos nicaragüenses, bien de manera inmediata o en fases.

La oficina, que contempla estos castigos para un plazo de “hasta doce meses”, marca por tanto un drástico aumento con respecto a los aranceles del 18 por ciento que anunció este mismo año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el caso concreto de Nicaragua.

Según la USTR, Estados Unidos importó en 2024 a Nicaragua bienes por valor de 4.600 millones de dólares, mientras que en el sentido contrario las exportaciones ascendieron hasta los 2.700 millones, lo que deja un déficit comercial de 1.900 millones de dólares