La trama en torno a la consulta indígena que se estableció tras el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento para darle una salida institucional al conflicto mapuche sigue sumando capítulos. A las manifestaciones en contra en los procesos de conversación para instalar la consulta o las voces oficialistas de rechazo de la semana pasada -la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y el presidente del PPD, Jaime Quintana, llamaron a paralizar el proceso- este fin de semana se sumó un nuevo actor: la consejera de la Conadi Ana Llao.

Desde La Araucanía, la dirigente mapuche aseguró que el gobierno debe reconocer que la consulta iniciada el 13 de agosto “ha sido un fracaso absoluto”. Aunque matizó que la consulta es un derecho ganado por los pueblos originarios, criticó que “esa obligación de consulta tiene que ser con participación y no que nos traigan el paquete hecho desde Santiago, desde un escritorio, y nos vengan a imponer, más encima, con un estado de excepción durante sus cuatro años de gobierno. Eso no se puede aceptar”.

La iniciativa que busca implementar La Moneda, y por la que en Palacio se apuesta todo -a partir de las recomendaciones de la comisión-, apunta a destrabar el sistema de compra de tierras, hoy estancado en más de dos mil procesos pendientes en Conadi. La propuesta contempla cambios legales para agilizar las restituciones en 71 localidades de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Sin embargo, el rechazo desde distintas comunidades mapuche se ha hecho sentir. Incluso algunos dirigentes de Purén y Malleco evalúan llegar hasta el Palacio de La Moneda para manifestar directamente su descontento y exigir el fin de la consulta.

“Les decimos a todos los actores que participaron en el Informe Paz y Entendimiento y en este proceso consulta: han fracasado y no tuvieron la capacidad de dialogar y resolver el conflicto en La Araucanía“, señaló hace algunos días Max Reuka, vocero de comunidades de Purén, sumando que “en los próximos días concurriremos a Santiago para exigir que se derogue el decreto 66″.

En el Ejecutivo aclaran, eso sí, que hasta ahora no hay ninguna solicitud formal de reunión. De todas formas, reconocen que recibir a dirigentes mapuche en Palacio no sería algo extraordinario. “Es algo habitual, ya sea por el Plan Buen Vivir, por la Comisión para la Paz o por otras instancias. Yo mismo he recibido dirigentes en este marco. Lo enmarco en un proceso de diálogo: si alguien busca conversar, corresponde recibirles y escucharles, como hemos hecho otras veces”, plantea Fabián Salas, encargado de la Unidad de Seguimiento.

Pero en el gobierno, donde empieza a rondar el fantasma de un fracaso político, sí reconocen las dificultades. Desde la Unidad de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión admiten las críticas, desconfianza y rechazo que ha tenido el proceso de planificación de la consulta.

Entre los principales nudos identificados figuran la falta de tiempo para conocer el texto, la necesidad de mayor información y la exigencia de contar con espacios autónomos para deliberar y presentar observaciones.

Ante este escenario, en La Moneda analizan fórmulas para revitalizar la consulta. Una de las ideas es reforzar la presencia en las comunidades, con mayor número de despliegues del equipo encargado de la unidad.

La consigna es mantener vivo el diálogo sin necesidad de intermediarios. Es decir, tratar las dudas del sistema de tierras directo con las comunidades o autoridades del pueblo mapuche.

El mensaje apunta también a descartar que los parlamentarios de la zona deban actuar como nexo. En el gobierno recuerdan que históricamente las conversaciones se han dado directamente con las comunidades y no a través de congresistas u otros representantes. La aclaración no es casual: la semana pasada el senador Quintana llamó públicamente a paralizar el proceso.

Pese a las tensiones, desde la Unidad de Seguimiento analizan que la consulta no está en riesgo. Y detallan que a la fecha se han terminado casi todas las reuniones iniciales que han contado con 3.500 participantes. Solo dos instancias tuvieron que reprogramarse: una en Río Bueno debido a la muerte de dos adultos y una menor de edad arrastrados por la corriente del río Pilmaiquén; la otra por las nevadas en Currarehue que dejaron a personas aisladas.

Por lo mismo, Salas afirma contar con ”bastante material recogido, y eso nos permitirá adaptar tiempos, contenidos y lugares de encuentro, incluso dar espacios de autonomía cuando las comunidades lo soliciten. No vamos a decaer en la búsqueda de diálogo, y queremos escuchar tanto las observaciones como las contrapropuestas que nos planteen".

En la Delegación Presidencial de La Araucanía también se han mantenido atentos a las demandas de las comunidades, por lo que dicen mantener comunicación permanente con ellas, independiente del proceso de consulta. Hasta ahora se han centrado en ese trabajo y este martes Salas viajará a la zona para entregar un balance de la consulta en la región.

Ante las críticas o llamados a deponer el proceso, el propio Salas asevera que la estrategia “es perseverar, seguir balanceando las actas, abrir espacios de autonomía y recoger directamente la visión de las comunidades. Creemos que el proceso ha avanzado y debemos adaptarlo a sus propias necesidades”.