La contralora Dorothy Pérez lo había prometido a fines de mayo y este miércoles cumplió: el decimocuarto Consolidado de información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República constató que 2.982 funcionarios afiliados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), es decir, que se desempeñan en las Fuerzas Armadas, las policías o Gendarmería, habrían abandonado el país mientras se encontraban con licencia médica, infringiendo la normativa vigente.

Según el detalle, el ente contralor revisó el período 2023-2024, observando que dichas personas con reposo efectuaron 9.069 viajes al extranjero. Esto, como en los casos ya conocidos desde que estallara la polémica en mayo, porque en algunos casos se repiten viajes en varias ocasiones.

Por ejemplo, 26 funcionarios registraron entre 20 y 35 salidas del país y nueve llegaron a superar las 36 salidas o entradas internacionales.

Acorde a la información del consolidado, de los casos detectados, un 35,9% corresponde a Carabineros, 35,8% a Gendarmería, 24,1% a alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, y 4,2% a la Policía de Investigaciones.

Más específicamente, los funcionarios en la mira según institución se dividen así: 1.070 de Carabineros, 1.067 de Gendarmería, 487 del Ejército, 159 de la FACH, 125 de la PDI, y 74 de la Armada.

Y, en detalle, de los viajes realizados 38,9% (3.536) son de funcionarios de Gendarmería, 35,1% (3.180) de Carabineros, 17,8% (1.620) a personal del Ejército, 3,3% (300) a la FACH, 3,2% (290) a la PDI, y 1,5% (143) a la Armada.

La pesquisa arroja, además, que los hechos se concentran en las regiones de Arica y Parinacota (28,8% de los casos), Metropolitana (20,3%) y Magallanes (17,2). Más atrás figuran La Araucanía (9,8%), Los Lagos (8,8%) y Valparaíso (6,2%).

Igualmente, la investigación dio con que la mayor cantidad de entradas y salidas de Chile fueron entre octubre y diciembre de 2023 (1.654 viajes) y enero y marzo de 2024 (1.404 viajes), coincidiendo con la temporadas de vacaciones.

Para el cruce de información, la CGR consideró que entre 2023 y 2024 se registró un universo de 534.356 licencias médicas y de 202.305 viajes en total.

Ante los hechos detectados y tal como en los otros casos que ha dado a conocer desde que reveló los más de 25 mil funcionarios del Estado que incurrieron en los mismos vicios, la Contraloría instruirá a los servicios efectuar los sumarios administrativos correspondientes, así como enviará todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Las reacciones

Tras conocido el nuevo CIC de la Contraloría, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, afirmó a través de X que “el abuso de licencias médicas es completamente inaceptable, siempre, bajo cualquier circunstancia. Ante lo informado públicamente por Contraloría, ya hemos tomado medidas y dado instrucciones para asegurar que se apliquen las sanciones que correspondan”.

En ese sentido, Delpiano señaló que dispuso un plazo de 72 horas “para que las ramas de las FF.AA. inicien los procesos disciplinarios correspondientes”, destacando que el Ejército ya inició un proceso en contra de 120 funcionarios a raíz de un control interno en el que analizó la situación de las licencias médicas.

“Se trata sin duda de una situación grave que tiene todo nuestro rechazo y que enfrentaremos con la máxima diligencia, energía y rigurosidad”, concluyó la autoridad de Defensa a través de la red social.

La primera institución en reaccionar al informe de la Contraloría fue la Armada. A través de un comunicado, la institución afirmó que “los 74 casos informados por la C.G.R. que corresponden a servidores que registraron salidas o ingresos al país entre 2023 y 2024, encontrándose con licencia médica sin justificación controlada por la Dirección General del Personal de la Armada, se encuentran en proceso de investigación y disciplinario”.

“La Armada de Chile reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de la ley y transparencia en la gestión de sus recursos humanos, conforme al ordenamiento jurídico y reglamentario vigente”, concluyeron.

Al cierre de esta edición, el resto de las instituciones no se había referido al informe de Contraloría.