El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió este miércoles que el Estado continúa teniendo el control sobre las cárceles del país, luego de que se desmantelara una red de corrupción que operaba en distintos penales y que estaba integrada por más de 40 gendarmes.

Fue durante el operativo denominado como “Operación Apocalipsis” que funcionarios de la Policía de Investigaciones allanaron, luego de meses de indagatoria penal, cárceles en las regiones de Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío, La Araucanía, del Ñuble y Los Ríos y detuvieron a 44 gendarmes y 36 civiles que estarían involucrados en el ingreso y venta de productos prohibidos.

El caso causó revuelo debido al carácter de los productos comercializados, entre los que se contabilizan, comida rápida, drogas, alcohol e incluso servicios sexuales. Estos negocios ilícitos habrían generado la acumulación de más de $6 mil millones en tres años. Uno de los antecedentes más graves, revelados por Ciper el martes, tiene relación con que los gendarmes involucrados habrían cobrado tarifas también para que personas indocumentadas ingresaran a los penales. Esto último podría haer permitido a presos de alta peligrosidad, incluidos miembros del Tren de Aragua, dirigir desde el interior otras operaciones criminales, según revela el citado medio.

El titular de Seguridad abordó este tema en conversación con Radio Pauta esta mañana y reafirmó que aún con estos antecedentes el Estado continúa ejerciendo control sobre los recintos penales. “Que el Estado tenga control de las cárceles es que el Estado tiene la capacidad de ingresar a todos los recintos, que tiene claridad de cuántas personas tiene detenidas diariamente, que puede informar específicamente de su composición. La base de datos más valiosa desde el punto de vista criminal en Chile es la base de datos de Gendarmería. Pero enfrenta situaciones de riesgo y casos de corrupción que están muy documentados en la experiencia comparada”, explicó.

“Al interior de la cárcel se cometen ilícitos, sí. El Estado lo identifica, lo aborda. De hecho, los datos que hay son producto de las investigaciones estatales, no investigaciones periodísticas. Yo creo que es conveniente en un debate de estas características, por la importancia que tiene para el país, que nos tomemos en serio esta discusión", argumentó.

Respecto del ingreso de personas indocumentadas y si estas se reunieron con líderes de crimen organizado, mencionó que “forma parte de la investigación”.

Asimismo afirmó que “en general quienes financian este tipo de ingresos al interior de los establecimientos son familiares de las personas que están privadas”. Por otro lado, resaltó la importancia de la reforma a Gendarmería que anunció el Ejecutivo ayer. Este proyecto de ley considera, entre otros aspectos, cambiar la denominación de Gendarmería a una institución de orden y seguridad pública, como Carabineros y la PDI, que pase a depender el Ministerio de Seguridad y que las competencias de reinserción estén a cargo de un servicio público que dependa del Ministerio de Justicia. “Es una reforma que muchos gobiernos han querido hacer y que nunca se han podido hacer. Y estos son periodos de oportunidad paradojalmente. Hay un caso de interés público y tiene impacto público”, acotó.