La ministra de la Corte Suprema Mireya López dio inicio este martes a la audiencia de recepción de prueba en el marco de la solicitud de destitución que legisladores oficialistas presentaron en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

“Es a la Corte Suprema la que le corresponde conocer de esta petición de remoción y para ello se fijan audiencias para la recepción de pruebas. Estas audiencias se están llevando a cabo esta semana, comenzamos hoy y estaremos hasta el viernes recibiendo las pruebas que las partes están presentando. Después de esto es el pleno de la Corte Suprema quien conoce de la remoción en una audiencia convocada especialmente, y es allí donde se toma la decisión”, explicó la ministra López.

Cooper es el cuarto fiscal regional que enfrenta una solicitud de remoción en el máximo tribunal en cinco años. Ninguna de las anteriores prosperó.

Durante la primera jornada de audiencia de pruebas, los requirentes, es decir, los representantes de los diputados que impulsaron la solicitud para sacar del cargo al persecutor, presentaron sus pruebas documentales y testimoniales.

Este miércoles le corresponde el turno a la defensa del fiscal Cooper.

Con su actuar en casos como ProCultura, Sierra Bella y el de la casa de la familia de Salvador Allende, se transformó en una figura incómoda para el oficialismo.

Cooper viene siendo blanco de críticas por “espionaje político” por las escuchas telefónicas que ordenó respecto a Miguel Crispi, el exjefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

El fiscal inició una investigación por un eventual tráfico de influencias por parte de la diputada Karol Cariola.

Por esa causa, diputados oficialistas pidieron su destitución criticando la incautación del teléfono móvil de la legisladora comunista el mismo día en que se encontraba en labores de parto.

En el escrito sostienen que el fiscal “no aplicó normas de género con la diputada”. Además apuntan a las filtraciones de los chats alojados en el celular de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. Según los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista que presentaron la solicitud, el persecutor no actuó con proporcionalidad en sus diligencias, vulneró los derechos humanos y cometió falencias de procedimiento.