Ocho años han pasado desde que Jhoismel Agüero, un ciudadano venezolano, llegó al país. El hombre, quien dejó su país en 2017 tras la compleja realidad económica y política que vive Venezuela, desde entonces intentó regularizar su situación migratoria, algo que, hasta ahora, no había logrado.

Y es que si bien Agüero había ingresado a través de un paso establecido y como turista, tras ocho años en Chile, aún no obtenía su residencia definitiva. Lo anterior, dado una serie de retrasos e intentos fallidos ante el Servicio Nacional de Migraciones, el que a comienzos de año había rechazado su más reciente solicitud de residencia definitiva.

El argumento que dio el organismo era que el ciudadano venezolano no entregó su certificado de antecedentes “legalizado y/o apostillado” dentro del plazo. Si bien Agüero sostuvo en su reclamación que había adjuntado dicho documento, afirmó que este no se encontraba con dicha verificación oficial ante la ausencia de la Embajada de Venezuela en Chile, cuyo diplomáticos abandonaron nuestro país tras las cuestionadas elecciones de Nicolás Maduro el 28 de julio del 2024.

El caso ante la justicia

Pero junto con rechazar la residencia definitiva de Jhoismel Agüero, quien es padre de dos niños nacidos en Chile, el Servicio Nacional de Migraciones ordenó además su expulsión.

A raíz de aquello, y considerando su situación familiar, Agüero recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, representado por el estudio Hurtado y Bonito Abogados, para que el tribunal de alzada revirtiera el dictamen de Migraciones.

Tras escuchar las alegaciones, en marzo pasado la Corte de Santiago determinó que “resulta procedente que la autoridad migratoria dicte una nueva resolución en que, ponderando debidamente los elementos de arraigo expuestos y el principio de proporcionalidad en la decisión administrativa, se conceda al amparado un nuevo plazo para acompañar el certificado de antecedentes penales de su país de origen apostillado o legalizado y vigente”.

En ese sentido, consideró que la resolución de Migraciones “deviene en ilegal al no haber considerado los antecedentes personales, familiares y laborales del recurrente, ni los documentos aportados en autos que desvirtúan la causal de rechazo invocada”. Considerando aquello, acogió el recurso del ciudadano venezolano y ordenó que la institución migratoria debía emitir una nueva resolución, considerando dichos aspectos.

Requerimiento que, posteriormente, fue confirmado por la Corte Suprema. A raíz de aquello, recientemente Migraciones revisó nuevamente el caso de Agüero y le otorgó la residencia definitiva.

“Ejemplifica los graves problemas”

El abogado José María Hurtado, quien representó al ciudadano extranjero ante la justicia, destaca que este tomaron este caso de forma Pro Bono “porque ejemplifica los graves problemas de funcionamiento del Servicio de Migraciones. Jhoismel llegó a nuestra oficina con una residencia definitiva rechazada y con orden de abandono, sólo por no acompañar el certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente apostillado, en un contexto de cierre del Consulado de Venezuela en Chile (...) teniendo además estabilidad laboral, haber formado una familia y ser padre de dos hijos chilenos, menores de edad”.

A pesar de la contundente resolución, Hurtado explica que en este proceso también tuvieron más inconvenientes, dado que “recurrimos a tribunales, donde la Corte Suprema confirmó que el Sermig no había ponderado el arraigo y la unidad familiar y la estabilidad de los menores ni tampoco el hecho de que, si bien fuera de plazo, también se habían enviado los antecedentes penales venezolanos legalizados, ordenando que le otorgara un nuevo plazo para remitir sus antecedentes, lo que se hizo prontamente”.

“Gracias a nuestra insistencia a través de tribunales de que se había dado total cumplimiento a las exigencias legales, se le otorgó la residencia definitiva hace unos días”, concluye el abogado.