El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, deberá volver a cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

El 16 de junio, accediendo a una solicitud de su defensa, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago había otorgado al exalcalde de Recoleta la medida de arresto parcial nocturno en su domicilio.

“¡Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo!“, afirmó en una publicación en redes sociales esa jornada.

La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la decisión este jueves, ante presentaciones del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el abogado querellante Mario Vargas Cociña, en representación de Best Quality SpA.

“Los antecedentes sociales, laborales y psicosociales allegados por la defensa no resultan suficientes ni jurídicamente determinantes para alterar la medida cautelar impuesta”, señaló la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino en su resolución.

El lunes 2 de septiembre de 2024, luego de haber completado tres meses recluido en Capitán Yáber, Daniel Jadue se retiró a su departamento para cumplir con arresto domiciliario total en su hogar en la comuna de La Reina.

Autorizado por el tribunal, votó en las elecciones municipales y regionales de octubre del año pasado. Pese a que ha manifestado que le resta valor a la primaria oficialista del domingo, al volver a cumplir arresto total debería solicitar nuevamente autorización en caso de querer votar ese día.

Jadue arriesga una pena de 15 años de cárcel imputado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

Según la Fiscalía Centro Norte, entre 2020 y 2022, el militante comunista, en calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y alcalde de Recoleta, habría realizado una serie de actuaciones que provocaron un aumento del pasivo, morosidad y falta de liquidez de la entidad.

La indagatoria apunta a que esas acciones de Jadue derivaron en un perjuicio patrimonial a la Achifarp, que implicó que se siguiera un proceso de liquidación forzosa en su contra que determinó un total de pasivo reconocido de $1.291.937.035 en perjuicio de diversos acreedores.