Fiscalía investiga transacción de un fusil AK-47 y al grupo detrás de la venta

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La audiencia de control de detención se efectuó en el Centro de Justicia bajo fuertes medidas de seguridad. Foto: Valentina Mora

El Ministerio Público formalizó este martes a cinco imputados por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Una serie de escuchas telefónicas dieron origen a la causa relacionada con este material de guerra.


Hace una semana el persecutor Andrés Iturra, de la fiscalía Metropolitana Oriente, solicitó a la jueza Silvia Jaramillo la autorización para interceptar y georreferenciar las comunicaciones telefónicas y los mensajes de texto de un teléfono celular de un hombre presuntamente involucrado en una red de tráfico de armas. La diligencia se originó en la fiscalía de Las Condes, luego de que los antecedentes fueran derivados desde la fiscalía Metropolitana Sur.

Esa jurisdicción del Ministerio Público venía indagando a una banda criminal dedicada al tráfico de armas. En ese contexto, y gracias a escuchas telefónicas, los fiscales de la zona sur se percataron de la existencia de aparentes gestiones para hacer entrega de armas de fuego en el marco del pago de una deuda. Las armas serían proporcionadas por un hombre de 47 años que vivía en Lo Barnechea.

Los primeros antecedentes dieron cuenta de que uno de los imputados estaba vendiendo un fusil AK-47, que sería de propiedad de su hermana, quien a su vez lo obtuvo de un familiar suyo que fue general en retiro de una rama de las FF.AA. El supuesto comprador habría sido un hombre de iniciales M. U. V. y el precio del arma, según los antecedentes de la causa, fue de $ 1,5 millones.

Parte de las escuchas fueron dadas a conocer el lunes por radio Bio Bio, lo cual dejó en alerta a la fiscalía y también a la PDI.

En una de esas escuchas telefónicas M. U. V. conversa con su hijo, a quien le cuenta que iba a comprar ese fusil. Su hijo, a su vez, le preguntó si lo dejaría utilizarlo. "M.U.V. le indica que sí, pero que esa hay que dispararla escondido en alguna playa o algo donde no haya ningún h... porque con esa h... (AK-47) se va preso el resto de su vida", se lee en la constancia de autorización judicial, en la cual se dio curso a las medidas intrusivas pedidas por la fiscalía. En ese mismo diálogo, se comentó que el cargador del fusil era de 36 tiros.

El comprador del armamento, en otra conversación telefónica, comentó que una vez le vendió varias armas de alto calibre a un de sus tíos. "(Él) los tiene todos inscritos como armas de colección; si los tienes así, no significa que si te van a asaltar a tu casa no lo puedas usar, ahí hay un resquicio legal en la ley de armas", se señala en el mismo escrito judicial.

La divulgación de la información de la investigación del fiscal Iturra le llegó a las personas involucradas en la venta del fusil, por lo que se suspendió la transacción. Incluso, durante la tarde del lunes y la mañana del martes otro de los imputados fue el encargado de devolver el fusil a su dueña, intentando evitar que fueran detectados por la PDI.

En medio de todos estos movimientos fue que se despacharon seis órdenes de detención. De todas ellas, se obtuvo la aprehensión de cinco imputados -Valeria Bancalari, Eugenio Mauricio Gutiérrez, Joaquín Valdés Muñoz, Carlos Valdés Palacios y Catalina Urrutia Searle-, los cuales fueron formalizados ayer en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de "porte y tenencia de armas de fuego y municiones". De todos ellos, Valdés Muñoz quedó en prisión preventiva y el resto con otras cautelares, como firma, arraigo y arresto domiciliario total y parcial.

La causa, a solicitud de la fiscalía, se declaró reservada, debido a que aún hay una orden de detención pendiente. Al momento de arrestar a cinco de los seis imputados, la fiscalía también allanó algunas de las casas en donde se encontraban. Fue en esa diligencia cuando se encontraron más armas y también una serie de municiones. En ese momento se habría incautado el fusil AK-47.

A la salida de la audiencia, el fiscal Iturra evitó entregar detalles de la investigación. "Los antecedentes de lo que pasó hoy día en la audiencia están absolutamente reservados. (Esto) se pidió por la naturaleza de la investigación", comentó.

El defensor penal público, Herman Apablaza, quien representó a dos de los imputados, confirmó que "se llevó a cabo una formalización con varios imputados que fueron formalizados en el contexto de la Ley 17.798 de control de armas".

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