El jueves 14 de mayo los concejales de Las Condes Richard Kouyoumdjian (RN), Nayati Mahmoud (Frente Amplio) y Leonardo Prat (Ind.-Republicano) anunciaron en el concejo municipal de ese día que acudirían al Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano con la idea de inhabilitar a la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) de cargos públicos. Esas amenazas se concretaron este miércoles.

Y es que los mismos ediles ingresaron al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana un requerimiento “para hacer efectiva la inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos por el término de cinco años y, subsidiariamente, en el evento que aquello se estime improcedente, para efectos que se le aplique una sanción compatible con la condición de exalcaldesa de la comuna de Las Condes”, según se lee en el escrito al que tuvo acceso La Tercera.

“Estamos siendo consistentes con lo que dijimos. Firmamos y presentamos el documento al Segundo TER para que siga adelante con los procesos legales correspondientes”, señala al respecto el concejal Kouyoumdjian.

Mientras, Mahmoud (FA) dice que “considerando que trabajadores de la municipalidad con cargos por debajo de la alcaldesa ya han tenido represalías, es lo mínimo asegurarse que Daniela Peñaloza reciba sanciones por sus acciones. Si bien hay proceso judiciales activos, se deben agotar todas las instancias para no dar ni un centímetro a la corrupción que tanto daña a la política y la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes”.

En esa línea, agrega que “no podemos permitir que personas con estos antecedentes, que ya han sido comprobados por Contraloría, sigan siendo validados ni en lo electoral ni perdonados en lo judicial. Por ende, nuestra responsabilidad es asegurar que no exista impunidad”.

Según los requirientes, la exautoridad comunal habría protagonizado irregularidades administrativas transgresora de los deberes y obligaciones en su calidad de máxima responsable del municipio, así como incurrido en un notable abandono de deberes en el ejercicio de sus funciones o faltas graves a la probidad administrativa, y, también, incumplimiento de sus deberes estatutarios.

Lo anterior luego de una investigación empujada por la ahora alcaldesa Catalina San Martín y otros concejales, tras la cual la Contraloría determinó irregularidades en la compra de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), entre ellas, sobreprecio y omisión de información al resto del concejo.

En tal sentido, el requerimiento de 55 páginas (incluyendo anexos y evidencias) de los concejales es que “para efectos de responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Sra. Peñaloza Ramos, responda por los gravísimos hechos de los cuales fue responsable, como lo haría cualquier funcionario o exfuncionario cuya responsabilidad fue establecida por un sumario administrativo iniciado cuando ejercía en plenitud el cargo en cuestión, cuyo es el caso de la requerida”.

“Pensar de otra manera implicaría que cualquier sumario o procedimiento disciplinario que substancie la Contraloría General de la República sería ineficaz por el solo hecho que la inculpada cesara en su cargo, dejándola libre de todo cuestionamiento y reproche administrativo como persona responsable, lo que no resulta admisible de ninguna manera en que se examine el caso”, se agrega.

El escrito, dicho está, ya fue recepcionado por el TER y ahora resta que sea confirmada su tramitación.

Lo cierto es que en Las Condes también se ha mirado con escepticismo aquellos concejales que no quisieron firmar el requerimiento, entre ellos los republicanos, mientras que la UDI decidió estar en contra de un requerimiento.