La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados acordó solicitar la fusión de seis proyectos que proponen prorrogar la vigencia de las licencias de conducir.

Los textos, como común denominador, plantean en su primer trámite constitucional prorrogar la vigencia de las licencias de conducir -tanto profesionales como no profesionales- entre uno y dos años ante la crisis de capacidad operativa que enfrentan las direcciones de tránsito municipales a nivel nacional, agravada por la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias de Conducir (SGL) y la transición hacia las licencias digitales.

La idea matriz fusionaría ideas de los parlamentarios Miguel Ángel Calisto, Marta González, Erika Olivera, Víctor Pino, Joanna Pérez, Henry Leal y Jorge Saffirio, y en su texto central busca prorrogar de forma diferenciada la renovación de las licencias por un periodo de hasta dos años con el objeto permitir una transición ordenada hacia el nuevo sistema digital, sin generar perjuicios desproporcionados a los ciudadanos y permitiendo que los conductores profesionales sigan desarrollando sus actividades laborales por dicho periodo.

¿Por qué una nueva prórroga?

Las prórrogas de vigencia de la licencia de conducir comenzaron entre 2020 y 2021, producto de los desfases y atochamientos que produjo la pandemia del Covid-19.

Posteriormente, entre 2022 y 2023, se prorrogó nuevamente la validez de las licencias vencidas. Finalmente, se extendió la vigencia de los documentos que vencían en 2024 para que pudieran ser renovadas este año en un proceso gradual.

De acuerdo a cifras de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), a septiembre más de 800 mil chilenos se han visto afectados por esta situación.

El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló ante la comisión que el problema central no radica en la intencionalidad o el objetivo de modernización del sistema, sino en su deficiente ejecución técnica.

“Las fallas de interoperabilidad entre el nuevo sistema y otras plataformas públicas esenciales, como el Registro Civil, generan desajustes permanentes entre la demanda ciudadana y la capacidad de respuesta municipal. Esta situación ha resultado en que los municipios atiendan menos de la mitad de usuarios que antes de la implementación del nuevo sistema, con ciudadanos enfrentando períodos de espera de hasta cinco meses para un trámite que anteriormente se resolvía en plazos considerablemente menores”, señala.

En tanto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sostiene que la comuna se vio obligada a reducir drásticamente su capacidad de atención de más de 200 personas diarias a apenas 50 por jornada, representando una disminución del 75% en la capacidad operativa.

“Esta reducción no obedece a limitaciones de recursos humanos o infraestructura municipal, sino específicamente a las deficiencias del nuevo sistema digital que requiere tiempos de procesamiento significativamente mayores y presenta fallas recurrentes de conectividad”, dice.

¿En qué consiste la prórroga?

En definitiva, lo que se propone es que en licencias profesionales (A1, A2, A3, A4, A5) se extienda su vigencia por dos años para todos los controles que debían realizarse originalmente durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. La postergación contaría a partir de la fecha de publicación de la ley.

Mientras que para las no profesionales (B, C) y especiales se plantea una prórroga de un año para los documentos cuyo control correspondía a los mismos periodos (2022, 2023, 2024 y 2025).

Esta medida excepcional surge como respuesta a la “crisis de capacidad operativa” que enfrentan las direcciones de tránsito municipales a nivel nacional, la cual ha generado extensos períodos de espera y una significativa disminución en la capacidad de atención ciudadana.

Además se propone regularizar la digitalización de las licencias y otorgar un plazo de entre uno y dos años para implementar mecanismos no físicos.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) valoraron la iniciativa de los parlamentarios señalando que “como Gobierno celebramos el interés y apoyo que los temas relativos a nuestra cartera generan, por lo cual valoramos las diversas iniciativas que se promueven en este sentido. Como todo proyecto aún debe analizarse y evaluarse tanto los potenciales beneficios como impactos negativos que pudiese generar su eventual avance”.