Eran las 9.30 de la mañana de este viernes cuando los imputados Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas cruzaron la sala 103 del Séptimo Juzgado de Garantía para encontrarse con sus respectivos abogados y enfrentar la formalización por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y soborno en la denominada trama bielorrusa.

Vistiendo la tradicional chaquetilla amarilla de imputados, los tres escucharon atentos los 45 minutos que duró la exposición de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien detalló uno a uno los diferentes hechos por los que permanecen detenidos desde el pasado martes 4 de noviembre y que también tienen como protagonista a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Así, como primer punto, la persecutora hizo presente que desde el año 2022 la imputada Vivanco y Migueles mantenían una “conocida y cercana amistad” con los abogados Vargas y Lagos, quienes visitaban frecuentemente el domicilio de la exmagistrada en la comuna de Las Condes. Sin embargo, esa amistad o cercanía, como se describió, luego se mezcló con cuestiones que ahora son indagadas como posibles actos ilícitos.

Tal como detalló la fiscal, siendo Vargas y Lagos abogados del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en una millonaria contienda judicial con Codelco, se habrían beneficiado de la posición de Vivanco como ministra de la Suprema, quien falló en favor de dicha empresa y habría recibido, como indicó el Ministerio Público, retribuciones económicas a través de Migueles.

“Durante la controversia entre la estatal Codelco y la Belaz Movitec ante la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco intervino y resolvió en razón de su cargo a favor de Belaz Movitec tanto en el recurso como en las posteriores peticiones del proceso de ejecución, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal, en la medida que no declaró su inhabilidad de oficio respecto de los imputados Vargas y Lagos”, indicó Wittwer.

Agregó, igualmente, que “entre las diversas decisiones en las que intervino la imputada Vivanco durante la tramitación del recurso de protección ante la Corte Suprema y las posteriores peticiones del proceso de ejecución, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de Belaz Movitec, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados imputados, procediendo éstos, con parte de esos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y su conviviente Gonzalo Migueles“.

En suma, como cifró el Ministerio Público, Belaz Movitec recibió de parte de Codelco, vía resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Suprema presidida por Vivanco, una suma de $17.176.977.760.

Si bien hasta ahora se había indicado que Vivanco habría recibido de parte de los abogados, con intervención de su pareja, alrededor de $57 millones en dos pagos, uno por US$14.000 y otro por $45 millones, durante la jornada de este viernes la fiscal reveló un tercer pago que sería incluso anterior a esos dos.

Se trata, como expresó Wittwer, de un pago por US$15.600 que se materializó en las oficinas de Vargas y Lagos, y que la propia abogada habría ido a retirar.

Esto tuvo lugar, conforme la exposición de la persecutora, tras la resolución por parte de la Suprema de un recurso de apelación interpuesto por Belaz Movitec contra Codelco, y que fue acogido por la Tercera Sala el 4 de julio de 2023.

“El mismo día de la sentencia, en horas de la tarde la exministra Vivanco concurrió a la oficina de los abogados Lagos y Vargas, donde le hicieron entrega de una retribución económica por su voto favorable a los intereses de Belaz Movitec con infracción de deberes del cargo en el fallo de la apelación del recurso de protección, suma que ascendía a lo menos a USD$15.600”, relató la persecutora.

Luego de ello, el 18 de diciembre de ese mismo año, según el Ministerio Püblico se habría concretado el segundo soborno, ascendente a US$14.000 y que en dicha oportunidad se entregó a Migueles, quien también fue a las oficinas de los abogados para retirarlo. El tercer pago, como este mismo medio a publicado, fue por $45 millones. Los dos últimos pagos, siempre ocurrieron a través de Migueles.

Así, en suma, los montos recibidos por la pareja a cambio de las resoluciones judiciales favorables a los intereses del consorcio chileno bielorruso, superan los $69 millones.

En medio de la audiencia -que sigue en curso- el Ministerio Público describió la serie de maniobras realizadas por los imputados para lavar el dinero de origen ilícito, detallando, igualmente, el rol que ahí tuvieron los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle.

A raíz de las características de los delitos, los persecutores buscan que el tribunal decrete la prisión preventiva tanto para Migueles como para Vargas y Lagos.