La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ANF) realizó este miércoles una jornada de reflexión, acordada tras una votación entre sus asociados, con la finalidad de visibilizar “la crítica situación” que atraviesan.

Según explicó la organización en un comunicado, en la actividad, los fiscales de cada región decidieron reunirse para analizar el estado actual de su labor y las condiciones que enfrentan por “sobrecarga laboral, la falta de dotación y la ausencia de espacios reales de diálogo con las autoridades del Ejecutivo”.

“Esta jornada de reflexión no busca detener la justicia, sino hacerla posible. Hoy los fiscales de Chile enfrentamos más de 2.000 causas activas cada uno, con menos apoyo, más violencia y mayor complejidad delictual”, planteó la presidenta de la ANF, Patricia Ibarra.

En un punto de prensa, la líder gremial indicó que informaron de la jornada a la Asociación de Magistrados.

“La mayoría de las audiencias fueron suspendidas en el bloque de 10.00 a 12.00, se hicieron recesos en los tribunales, dando prioridad a las causas con imputados privados de libertad, los jueces están en conocimiento de esto y hubo una conversación previa, una coordinación”, precisó.

Ibarra sostuvo que organizaron esta jornada solo por este 5 de noviembre, porque los fiscales deben seguir trabajando.

“Es un llamado de atención a las autoridades, al gobierno, a los congresistas también porque ellos deben saber y a la hora de discutir la Ley de Presupuesto que nuestro presupuesto no se aumenta en proporción a las otras instituciones”, advirtió.

La ANF detalló que mantienen tres peticiones históricas y urgentes:

1. Incentivo al retiro, en los mismos términos que el Poder Judicial.
2. Carrera funcionaria permanente, que permita reconocer la experiencia y el mérito profesional.
3. Eliminación del grado 8, para terminar con una desigualdad interna que afecta a los fiscales del país.

Según asegura la organización, estas solicitudes planteadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a La Moneda “no han recibido respuesta ni apertura al diálogo, pese a su relevancia para el funcionamiento del sistema de persecución penal”.

Asimismo, advierten de un crecimiento insuficiente de los recursos del Ministerio Público ante las mayores exigencias asociadas a la criminalidad.

Entre 2021 y 2025, el presupuesto pasó de aproximadamente $285 mil millones a $291 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de apenas 2,1% acumulado en cinco años, apuntan.