“Chile enfrenta hoy un momento crítico”.

Ese es parte del diagnóstico que planteó la Unión Internacional de Magistrados en referencia a la situación que enfrentan los jueces en territorio nacional. De acuerdo con el organismo, hay preocupación por el “deterioro” de la independencia judicial.

Según la entidad internacional, hay un conjunto de iniciativas y acciones públicas que han tendido a debilitar el rol constitucional del Poder Judicial en Chile, “socavando los cimientos sobre los que descansa el Estado de Derecho”.

Entre ellas, sostuvieron, se encuentra la reforma al sistema de nombramientos, las acciones contra jueces a raíz de sus fallos y las amenazas a su integridad

Los planteamientos, como explicó la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Mariela Hernández, se dieron a raíz de la solicitud de análisis realizada por el gremio judicial chileno, en el marco de 67ª Convención de la Unión Internacional de Magistrados que se llevó a cabo en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán.

Así, tras notar lo reflexionado por la organización, Hernández insistió en el llamado a que deben haber cambios en los mecanismos propuestos. Sobre todo en lo referente a la reforma a los nombramientos judiciales: “Mantiene y perpetúa la injerencia política en la designación y promoción de los jueces y de esta forma pone en riesgo la neutralidad institucional y mantiene también la influencia indebida en la judicatura de la política”.

Las alarmas

Desde la Unión Internacional de Magistrados advirtieron con particular inquietud la propuesta de reforma al sistema de nombramientos judiciales, manifestando que “mantiene y perpetúa la injerencia política en la designación y promoción de jueces, poniendo en riesgo la neutralidad institucional y manteniendo espacios de influencia indebida en la judicatura, causantes de los graves escándalos recientes que han afectado seriamente la credibilidad del sistema de justicia”.

Dentro de las falencias identificadas por la organización está que al mantener la decisión de nombramientos judiciales en el Presidente de República se constituiría un retroceso en los estándares democráticos y se afecta el Estado de Derecho.

En segundo punto, mencionaron que existiría una “instrumentalización del derecho penal” mediante querellas y denuncias dirigidas contra juezas, jueces y ministros “por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales”. Aquello, dicen, implicaría una práctica de “intimidación institucional y una violación directa del principio de Independencia Judicial”.

En tercer lugar pusieron alertas por las amenazas y ataques a la seguridad personal de integrantes del Poder Judicial, como forma de amedrentar la función jurisdiccional.

Esos hechos, recalcaron, “forman parte de un clima de deslegitimación que busca condicionar el ejercicio de la jurisdicción, minando la confianza ciudadana y debilitando el principio de separación de poderes“.

Por lo mismo, el organismo hizo un llamado a todos los poderes del Estado, especialmente al Legislativo y al Ejecutivo “a cesar las iniciativas y discursos que erosionan la independencia judicial, y a promover reformas que la fortalezcan, no que la sometan”. Junto con ello, demandaron medidas concretas y urgentes para proteger la seguridad personal de jueces.