La idea de acudir al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) se viene fraguando hace un tiempo entre algunas de las instituciones que componen la Corporación de Universidades Privadas (CUP), tanto así que en agosto cotizaban estudios de abogados expertos en la materia.

Hoy ese proceso está muy cerca de tener su primer gran hito: el ingreso del escrito en el propio tribunal, lo que según fuentes conocedoras podría darse muy pronto. En la interna de algunas de esas casas de estudio, de hecho, comentan que ello podría darse incluso esta semana.

Básicamente, varias de las universidades que componen la corporación presidida por Santiago González, rector de la Universidad Central, llegaron a la conclusión de que el escenario actual de aportes estatales hacia las instituciones de educación superior podría configurar eventuales vulneraciones a la libre competencia de parte del Estado. A esa conclusión, así como a la ofensiva, se sumaron luego otras instituciones privadas que no están ligadas a la CUP.

En las conversaciones entre las instituciones se ha instalado la idea de un “sesgo” contra las universidades privadas y no necesariamente solo durante este gobierno, sino que hace más de 20 años. Algo de ese disgusto ya ha sido expuesto de diversas formas. Por ejemplo, así lo dejaba ver el propio rector González en El Mercurio una vez conocido el Presupuesto de Educación: “Los fondos basales se destinan solo a las universidades estatales y a las tradicionales del Consejo de Rectores (Cruch), haciendo caso omiso de que en nuestro país existen universidades privadas que acogen a más del 50% de la matrícula y preferentemente alumnos vulnerables".

Y sumaba: “La discriminación en la asignación de fondos basales (…) afecta directamente a los estudiantes de universidades privadas, ya que estas instituciones no reciben ningún tipo de apoyo estatal por este concepto".

En la misma línea, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior en Piñera II, exponía que “si analizamos la descomposición del presupuesto de educación superior, se evidencia nuevamente el sesgo en contra de las instituciones privadas. En efecto, ciertos aportes basales a las universidades tradicionales suben de manera importante, mientras que los ya escasos aportes a instituciones privadas se ven rebajados”.

Conocer el Presupuesto, de hecho, algunas fuentes señalan que fue la gota que rebalsó el vaso. Y que aunque los rectores siguen intentando negociar modificaciones de cara a la tramitación definitiva del erario de 2026, es muy difícil que cambien de parecer sobre presentar este escrito en un TDLC que hoy es presidido por Nicolás Rojas y cuyos ministros titulares son Jaime Barahona, Ricardo Paredes, Silvia Retamales e Ignacio Parot.

El análisis de las instituciones que están por acudir al TDLC es que no se está respetando lo que señala la Ley 21.091 sobre educación superior en lo referido a que uno de los principios que guían el sistema es el de la diversidad de proyectos educativos institucionales, los que se deberían promover y respetar. Las cifras dicen que hoy existen 53 universidades vigentes, de las cuales 26 son privadas, es decir, casi la mitad.

En tal sentido, se han observado con especial detención los nuevos aranceles regulados que determinan las transferencias que hace el Estado a las universidades por cada alumno que estudia con beneficio de la gratuidad. Los nuevos guarismos, dicen las casas de estudio, implican aproximadamente 26 mil millones de pesos menos de ingresos anuales para las instituciones privadas. Y en línea con eso, los rectores ya han dicho en público que esos nuevos aranceles benefician a cierto tipo de universidades en desmedro de las suyas, con un análisis que apunta a que para las universidades tradicionales del Cruch los nuevos aranceles representan más de un 100% del costo de impartir sus carreras, mientras que para las privadas fuera del Cruch el porcentaje llega a casi 93%.

“Cabe preguntarse si la autoridad realmente persigue la mejora del sistema o si más bien busca afectar a las universidades privadas, generando una discriminación arbitraria hacia ellas y sus estudiantes”, decía al respecto Vargas.

Y aunque no tiene que ver con la libre competencia, en el entorno de las universidades ponen sobre la mesa otra situación para ejemplificar el supuesto favorecimiento que ellos ven de parte del Estado -personificado hoy en el actual gobierno- a otro tipo de instituciones: el activo rol del Ejecutivo en la compra del Instituto Arcos por parte de la estatal Universidad de Santiago, a la que se le aprobó una garantía estatal de más de 32 mil millones de pesos para la adquisición.

Argumentos como esos llevaron a la decisión de algunas instituciones privadas -principalmente adscritas a gratuidad- a elaborar esta ofensiva en el Tribunal de Libre Competencia, la que según diversas fuentes podría estar a solo horas de concretarse y sumar así un nuevo capítulo al historial reciente de enfrentamientos entre este tipo de instituciones y el gobierno.