Señor director:

El fracasado intento de fusión entre Soprole y Nestlé ha generado amplias reacciones. Independiente de las posiciones a favor o en contra, el argumento esgrimido por las partes -que no están dadas las condiciones para seguir adelante con el proceso de consulta- resulta preocupante, pues tiene bastante de verdad. Desde que se inició el proceso surgieron múltiples voces, no siempre bien informadas, que se oponían a la operación. Muchos ahora lamentan que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tuviera oportunidad de pronunciarse al respecto, pero ciertamente los prejuicios por parte de la opinión pública y del mundo político hacían prever un escenario poco favorable para las partes involucradas.

Lo anterior no pretende ser una defensa de la operación en cuestión, pero sí un llamado a respetar la institucionalidad vigente en Chile, cuya misión es precisamente evaluar este tipo de operaciones a la luz de sus posibles efectos en la competencia. Hay quienes incluso pretenden impedir las fusiones que elevan significativamente la participación de mercado, como si la mayor concentración tuviese una relación directa con las conductas anticompetitivas. Esta es la visión que existía hace varias décadas, pero ya ha sido refutada por la evidencia empírica.

Sería deseable que en el futuro sean las instancias técnica y jurídicamente preparadas las que determinen la conveniencia o no de llevar adelante operaciones de concentración, para evitar que proyectos que puedan eventualmente ser beneficiosos para el país, no sean descartados antes de siquiera ser analizados.

Susana Jiménez 

Economista senior Libertad y Desarrollo