A primera hora del día, Guiseppe Briganti comienza la jornada desde el módulo 108, de alta seguridad, en la Cárcel de Valparaíso. Allí ejerce labores de aseo y remata como asistente en el casino.

Este último rol, cuentan en su círculo cercano, ha sido lo que le ha permitido revertir la depresión con que ingresó al penal, hace ya dos años, luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretara su prisión preventiva por el supuesto doble homicidio de los universitarios Exequiel Borvarán (18) y Diego Guzmán (24). Ambos fallecieron aparentemente producto de disparos efectuados en la calle por Briganti, durante manifestaciones en la ciudad puerto, en 2015.

El imputado, quien hace poco cumplió 22 años, se desplaza por el estrecho patio que comparte con internos de alta complejidad, en su mayoría homicidas, y se ha entendido con un joven de su edad, declarado culpable por la muerte de su polola. "Estar en el módulo de alta seguridad significa tratar con ese tipo de casos, él tuvo miedo mucho tiempo, le llegaban papeles con amenazas, hasta que un reo, de otro módulo, fue a hacerlo personalmente, con agresiones", cuenta Miguel Alfaro, su abogado.

El defensor añade que dos hechos lo han marcado: el alejamiento de su polola, pocos meses después de su formalización, y el fallecimiento de su abuela materna, ocurrido hace algunas semanas. "Estuvo muy mal, me preguntó si podía pedir permiso para ir al funeral, pero no me pareció pertinente ad portas de que comience su juicio", precisó Alfaro.

El pasado 10 de agosto, Guiseppe Briganti volvió al tribunal porteño, para la audiencia de preparación de su juicio oral, que comenzaría a fines de este mes. No se presentaron los padres de los jóvenes fallecidos. Abner Borvarán, progenitor de Exequiel, cuenta que "para nosotros estos dos años no han pasado rápido. Ir a verlo de nuevo y por cuatro horas que duró esa audiencia era solamente ir a sufrir".

Borvarán dice que el mejor ejemplo de justicia debe ser otorgando la pena máxima pedida: 25 años.

"La situación sicológica de ese joven se puede entender, pero él va a volver a abrazar a su papá, aunque salga con cuarenta años. Puede rehacer su vida. Nuestra familia no. También tenemos tratamiento sicológico, con mi mujer hemos estado muy mal, nos liquidaron", señala.

La fiscal Mónica Arancibia llegará al juicio con 48 testigos, más de 20 peritos y numerosa prueba documental, donde se buscará condenar al imputado, además, por tenencia ilegal de arma de fuego y microtráfico de drogas.

"Las pruebas que se van a presentar buscan acreditar que si una persona dispara hacia una multitud, con un arma de 9 mm, está dentro de las posibilidades que acepta que esta arma impacte a más de uno. Y si la bala no hubiese quedado ubicada, como quedó, en el cuerpo de Diego Guzmán, la bala podría haber impactado a una tercera persona", indicó la persecutora.