Hoy ingresará al Congreso el proyecto de ley que transforma el actual Sistema de Empresas Públicas (SEP), que dirige a 22 empresas cuyo propietario o accionista es el Estado de Chile, en el nuevo consejo superior de empresas públicas.

El texto legal, al que accedió La Tercera, propone una serie de cambios que apuntan a "dotar a las empresas públicas y al Estado, en su rol de dueño o de controlador, de una institucionalidad sobre gobiernos corporativos de primera línea". Ello, sobre la base de que el Estado "puede y debe intervenir en aquellas áreas de la economía en que existe una necesidad superior de la nación y en que los privados no pueden o no alcanzan a intervenir; esto es lo que conocemos como el rol subsidiario del Estado", señala el documento.

Agrega que "la ciudadanía exige y espera que la administración de estas empresas sea llevada a cabo de forma diligente, socialmente responsable, con eficacia y eficiencia, de modo que el ámbito a partir del cual el Estado interviene en la economía sea el menor posible y se prolongue sólo en la medida en que sea efectivamente requerido por el superior interés nacional".

El nuevo consejo SEP lo integrarán 9 miembros, 5 designados por el Presidente -1 de ellos (el presidente del consejo) designado directamente y otros 4 previa elección por Alta Dirección Pública-, y los otros 4 cupos nominados por el Ejecutivo, pero a ratificar por el Senado. Los miembros designados por el Ejecutivo estarán en su cargo durante el mandato del Presidente que los hubiera designado y los demás se renovarán, de forma alternada, en razón de dos cada 4 años (ver destacados).

El principal objetivo del consejo será "supervisar y monitorear la gestión de los directorios de las empresas públicas". En sus sesiones participará, con derecho a voz, la Dirección de Presupuestos.

Plan anual

El consejo deberá presentar anualmente a los ministerios de Hacienda y Economía un plan de negocios y actividades del conjunto de empresas públicas, que se denominará plan del Grupo SEP. Este plan deberá ser presentado a más tardar cada 30 de junio del año previo a que entre en vigencia.

Junto a ello, en su rol de mandatario del Estado, en el caso de las empresas creadas por ley, el consejo tendrá atribuciones que la ley de sociedades anónimas confiere a los accionistas, entre ellas, la facultad de nombrar al directorio, fijar sus remuneraciones y designar o proponer a los auditores externos independientes y a las clasificadoras de riesgo privadas. El proyecto establece, además, que el gerente general o ejecutivo máximo de las empresas públicas será designado por sus respectivos directorios. Hoy, aquél corresponde en algunos casos a un cargo de exclusiva confianza del Presidente. La nueva normativa crea, asimismo, un estatuto común aplicable a las empresas públicas creadas por ley, uniformando su regulación en ámbitos como su estructura de administración y la información que deben proporcionar a los entes reguladores.

También, cada año, el consejo deberá presentar al Ejecutivo y al Congreso un informe sobre su gestión y el desempeño económico de las empresas bajo su tuición. Se excluye de estas normas a TVN, Codelco y BancoEstado, atendiendo a que poseen normativas específicas de gobierno corporativo, además de Enap y Enami, dado su carácter estratégico, que amerita una legislación especial, dice el texto. El proyecto establece que todas las normas entrarán en vigencia un año después de publicadas en el Diario Oficial.