El Presidente Gabriel Boric anunció, vía cadena nacional, que buscará impulsar varias de las medidas recomendadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con miras a proponer soluciones al conflicto territorial en la Macrozona Sur. Si bien el objetivo es loable y se contemplan medidas que son positivas, otras están lejos de cerrar el conflicto, especialmente por la amplitud con las que se proponen, lo que puede dar lugar a diversas interpretaciones y futuros conflictos.

Por cierto, es un avance reconocer que las víctimas de la violencia y terrorismo producto del conflicto requieren ser reparadas. Por ello, es valioso también que el Ejecutivo manifieste su compromiso de ingresar al Congreso Nacional una Ley de Reparación Integral a las Víctimas, aunque es discutible que, tal como propone la comisión, se requiera crear un órgano especial para ello.

En cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el Ejecutivo manifestó que impulsará una reforma constitucional en los mismos términos que propone la comisión. El problema es que la comisión propone un reconocimiento en el marco de unidad del Estado, no siendo suficientemente clara en torno a la unidad de la Nación, pudiendo abrir nuevamente la discusión sobre la plurinacionalidad. Por otra parte, se recomienda también que se garanticen los “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y se alude al concepto de “autogobernanza”, resultando preocupante el reconocimiento de formas especiales de organización más allá del marco jurídico actual que pueden pugnar con la unidad e indivisibilidad del Estado. Por lo demás, muchas de estas ideas ya fueron rechazadas por una amplia mayoría en el plebiscito constitucional de 2022.

Adicionalmente, la propuesta de la comisión sugiere un diseño institucional excesivamente complejo y burocrático que incluye la creación de, al menos, seis nuevos organismos. Esta nueva institucionalidad va a implicar un aumento de gasto fiscal, así como el riesgo de una sobre fragmentación de la política indígena, dificultando aún más su implementación sin asegurar necesariamente una mejor respuesta a las demandas indígenas.

Por último, la comisión recomienda una transformación estructural del sistema de entrega de tierras, reconociendo que la actual institucionalidad de la Ley Indígena ha sido deficiente en la materia. Para ello, recomienda crear una Agencia de Reparación, un fondo de US$ 4.000 millones (más del 1% del PIB) para solventar el sistema y un Tribunal Arbitral. Sin embargo, tal como están planteadas las recomendaciones se generan incentivos para la conformación de nuevas comunidades, no asegurando tampoco que se ponga término a las demandas por tierras.

En resumen, las propuestas de la Comisión, pese a su buena intención, presentan algunas dudas y vacíos que dificultan vislumbrar un cierre definitivo del conflicto. Si el Gobierno y el Congreso desean avanzar en soluciones de largo plazo, será indispensable revisar cada recomendación con rigurosidad, priorizando aquellas que fomenten la paz y desechando las que pueden perpetuar nuevas tensiones.

Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos Libertad y Desarrollo